Los centros Madre Teresa de Calcuta y San Alberto Hurtado, en la comuna de Puente Alto y Juan Pablo II, en La Pintana, podrían ser retirados del convenio que mantiene la red de salud de la Universidad Católica con el Ministerio de Salud.

Ello, si la justicia rechaza el recurso de protección presentado por la casa de estudios en contra del protocolo de objeción de conciencia aplicado por la autoridad sanitaria en el reglamento para realizar abortos en tres causales y que establece que los recintos de salud privados que entregan prestaciones para el sector público no pueden negarse a ello.

Así lo explicita el recurso de reposición que presentó la institución, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la orden de no innovar del recurso de protección en contra del Minsal, que buscaba suspenderlo mientras los jueces no resolvieran el fondo de la acción judicial, publica La Tercera.

“Como el estatuto jurídico del aborto está plenamente en vigor antes de que se resuelva el fondo de esta controversia, según la redacción actual de la normativa- (la UC) no podrá objetar en conciencia. Por ello, estaría obligada a optar entre realizar abortos o a suspender el convenio suscrito con la recurrida”, debido a que contraviene el ideario de la casa de estudios en relación a la protección de la vida del que está por nacer.

El texto también precisa que de ocurrir aquello unas sesenta mil personas quedarían sin atención de salud primaria en la zona sur de Santiago y no hacerlo implica que el plantel no podría reglamentariamente acceder a la objeción de conciencia institucional”.

Frente a esta encrucijada planteada en el libelo, director jurídico de la UC, Juan Esteban Montero, manifestó que “recién vamos a contactarnos con las autoridades para definir el futuro del convenio una vez que se haya resuelto el recurso de protección. Es todo conversable”.

Subrayó que “no se puede llegar y terminar un convenio. Si esto llega a generar algún problema, lo que vamos a hacer es simplemente derivar. Y si llega a haber conflicto respecto del ideario de la UC y normas legales, va a haber una comisión de expertos que va a decidir. No va a ser de la noche a la mañana que eso se pueda acabar”.

Por su lado, la ministra (s) de Salud, Gisela Alarcón, aclaró que los recintos mencionados corresponden a centros de salud familiar “donde las prestaciones que se realizan ni siquiera son de anticoncepción, sino de control ginecológico del embarazo”. “A la UC no le aplica la norma (que impide la objeción de conciencia institucional), dado que es un convenio a la atención primaria”.