Pero algo rescatable ha surgido del debate y del fallo del Tribunal Constitucional. Poco, pero suficiente para que aquellos que de verdad están por la vida y por los derechos del hombre no bajen la guardia y, amparados en el fallo constitucional de la “objeción de conciencia”, redoblen sus esfuerzos para convencer a no pocos del error ético y médico que se comete al alentar la interrupción deliberada del embarazo de una mujer que, por tristes circunstancias, se enfrenta al dilema de transformar una experiencia traumática en un proceso de sanación espiritual en compañía del ser en desarrollo o profundizar la violencia sufrida, agregándole la decisión de abortar a su hijo en camino. Así convierte este proceso en un calvario que sacudirá cada tanto su conciencia y el recuerdo de la pérdida le acompañará toda la vida.
Testimonios vivenciales y estudio de casos, disponibles en la literatura científica, avalan este comentario. Hoy sabemos por la experiencia aprendida que el dolor se transforma cuando la sufriente es asistida, acompañada y apoyada por su círculo más íntimo, el Estado como garante de su bienestar y el equipo médico como soporte físico y mental irremplazable. Este acompañamiento efectivo es remedio infalible para recuperar la alegría y la vida sana. Por el contrario, cuando se toma el camino fácil, el aborto genera secuelas irreparables para la salud mental de la madre abortiva y para la convivencia social de su entorno cercano.
La objeción de conciencia es ahora el camino para hacer valer el derecho a la vida de todo ser en gestación, para oponerse con convicción a ser parte del complot del aborto legal.
En fallo unánime, el Tribunal Constitucional reconoce el derecho de sujetos jurídicos, asociaciones privadas y grupos intermedios de la sociedad (colegios profesionales o asociaciones gremiales) al legítimo reparo, basado en principios y valores superiores, por sobre una “ordenanza” que, aunque legal, será siempre para muchos, entre los que me cuento, inmoral.
Desde nuestra posición como responsables de la formación de las futuras generaciones de médicos y profesionales del equipo sanitario que acompañarán a nuestras embarazadas y orientarán la toma de decisiones de aquellas más desamparadas, es un deber ineludible profundizar nuestro compromiso con la vida y, de manera preferente, con la de aquellos que están por nacer y que hoy ven amenazado su derecho a existir. Ello reforzando el marco valórico que rige nuestra enseñanza y reconociendo en los principios de la objeción de conciencia y de la autonomía constitucional, contenidos en nuestra Carta Fundamental, un camino de orientación vocacional y de comportamiento profesional respecto del aborto y de otros dilemas bioéticos que se perciben en el horizonte cercano.
*Mario Fernández Gutiérrez es Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián.