Una encuesta realizada a 1.212 personas y efectuada por la Universidad Andrés Bello y Adimark, arrojó que el 61% apoya la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Entre las personas encuestadas se encuentran hombres de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Concepción. Si bien la mayoría de los entrevistados está a favor de la normativa, existen discrepancias respecto de la objeción de conciencia de instituciones y equipos médicos del sector privado y público de salud, según informó La Tercera.
Sobre que un equipo de salud de una institución pública tenga derecho a la objeción de conciencia: un 34% dijo aceptar esta posición, mientras que un 41% se mostró en contra.
A la encuesta se suma un análisis realizado por la Corporación Humanas, que evidencia el nivel de objeción de conciencia que existe en el sector público de salud: 47% para las tres causales, donde la más objetada es la de violación.
Mientras que en el sector privado, el Ministerio de Salud registra hasta el momento solo dos instituciones oficialmente declaradas objetoras: la Clínica Universidad de los Andes y Clínica Indisa. Sin embargo, la Pontificia Universidad Católica también ha declarado ser objetor institucional en toda su red de salud, pero esta aún no es oficializada por la autoridad en sus registros.
Uno de los puntos que llaman la atención de la encuesta es que entre las mujeres que apoyan la normativa, hay un 87% de ellas que pertenecen a un estrato social más alto.
Para María José Valderas, matrona y encargada el programa de acompañamiento de la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), esto se pude deber a que “tienen un nivel cultural que les permite un mejor entendimiento de que la normativa estableció una prestación garantizada como derecho, al que pueden acceder todas por igual, independiente del lugar al que pertenecen”, indicó.
La normativa cumple mañana 10 meses de vigencia, desde su publicación en el Diario Oficial el 23 de septiembre pasado, y a junio de este año contabilizaba 309 interrupciones de embarazo por alguna de las tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Entre las personas encuestadas se encuentran hombres de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Concepción. Si bien la mayoría de los entrevistados está a favor de la normativa, existen discrepancias respecto de la objeción de conciencia de instituciones y equipos médicos del sector privado y público de salud, según informó La Tercera.
Sobre que un equipo de salud de una institución pública tenga derecho a la objeción de conciencia: un 34% dijo aceptar esta posición, mientras que un 41% se mostró en contra.
A la encuesta se suma un análisis realizado por la Corporación Humanas, que evidencia el nivel de objeción de conciencia que existe en el sector público de salud: 47% para las tres causales, donde la más objetada es la de violación.
Mientras que en el sector privado, el Ministerio de Salud registra hasta el momento solo dos instituciones oficialmente declaradas objetoras: la Clínica Universidad de los Andes y Clínica Indisa. Sin embargo, la Pontificia Universidad Católica también ha declarado ser objetor institucional en toda su red de salud, pero esta aún no es oficializada por la autoridad en sus registros.
Uno de los puntos que llaman la atención de la encuesta es que entre las mujeres que apoyan la normativa, hay un 87% de ellas que pertenecen a un estrato social más alto.
Para María José Valderas, matrona y encargada el programa de acompañamiento de la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), esto se pude deber a que “tienen un nivel cultural que les permite un mejor entendimiento de que la normativa estableció una prestación garantizada como derecho, al que pueden acceder todas por igual, independiente del lugar al que pertenecen”, indicó.
La normativa cumple mañana 10 meses de vigencia, desde su publicación en el Diario Oficial el 23 de septiembre pasado, y a junio de este año contabilizaba 309 interrupciones de embarazo por alguna de las tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
