Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del penalista, Luis Hermosilla, que se encuentra en prisión preventiva desde este martes, acusó una “intervención política” por parte del Presidente Boric y del Gobierno en el marco de la formalización del imputado.
En conversación con Radio Infinita, el defensor anunció acciones legales contra el Ejecutivo e incluso afirmó que el Ministerio de Justicia intervino para que Gendarmería no aceptara el ingreso del acusado al Anexo Cárcel Capitán Yáber.
“La intervención política del Gobierno es extremadamente grave. Si aquí dejamos que se politicen estos casos y uno tiene la sensación que el Gobierno de turno, por las razones que sean, le saca punta al lápiz con sus enemigos políticos con esto, el problema es que vamos a destruir el Estado de Derecho”, indicó, recogió 24Horas.
Las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla responden a las palabras emitidas este martes por el Presidente Boric, luego de que el imputado abogado quedara en prisión preventiva.
“Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso”, dijo el Mandatario.
Juan Pablo Hermosilla advirtió: “O el Presidente cumple con la Constitución y se dedica a hacer lo que tiene que hacer o sencillamente la separación de poderes desaparece y entonces el Presidente de la República o la ministra del Interior van a determinar si hubo cohecho o no…los dos no son abogados, pero estudiaron derecho y conocen el principio de inocencia”.
Según anticipó, presentarán acciones legales contra el Gobierno tras aludir a que hubo intervención para que Luis Hermosilla ingresara a Santiago 1. “Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno para evitar que se politice el caso. Vamos a presentar un recurso de amparo”, indicó.
“Esto depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente al negar trasladarlo, a pesar de que la jueza lo autoriza a Capitán Yáber, y lo que yo estimo después de la declaraciones del Presidente de la República es que es una decisión política, por ende, es una decisión ilegal e inconstitucional”, subrayó.
