El abogado de la diputada Catalina Pérez (FA), Gonzalo Medina, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el caso Democracia Viva, el cual expuso posteriormente una serie de irregularidades en convenios entre el Estado y diversas organizaciones sin fines de lucro.

Hasta ahora, no se sabía cuánta información manejaba la diputada Pérez respecto a los tres convenios firmados por la fundación, que entonces tenía como representante legal a Daniel Andrade, quien es expareja de la parlamentaria.

En ese contexto, el medio La Segunda tuvo acceso a los informes de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación a las indagaciones. Según la Fiscalía de Antofagasta, una de las reuniones entre Contreras y Andrade tuvo lugar el 10 de agosto de 2022, y en septiembre se habrían realizado las transferencias correspondientes.

Se puede deducir que las primeras conversaciones entre la parlamentaria y su pareja de ese entonces ocurrieron en julio y septiembre de 2022, momentos en los que ya se habían aprobado las transacciones. En una de sus conclusiones, la PDI estableció que “conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.

Entre los chats recuperados por la policía, figura una comunicación con fecha 29 de julio de 2022. En este intercambio, Andrade le comentó a su entonces pareja, la diputada Catalina Pérez, que “me llamó Carlos (el exseremi Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva) y que parece que pueden salir las lucas”.

El abogado de la parlamentaria señaló que “el informe emanado tras la entrega voluntaria del celular de la diputada es coincidente con lo declarado por ella misma, tanto a medios de comunicación como en su declaración judicial voluntaria en abril de 2024”.

“Como la diputada ha señalado previamente, ella no manejaba especificidades de los convenios, tales como sus montos o modalidad de entrega y, sobre todo, no interfirió en su asignación. Lo relevante aquí es que, con todas las diligencias realizadas —revisión de cuentas bancarias, tráfico de llamadas, teléfono, declaración voluntaria, revisión de comunicaciones con las personas investigadas— sigue descartándose la intervención de la diputada Pérez en favor de cualquier fundación o convenio”, concluyó Medina.