La Cámara de Diputados aprobó por 86 votos a favor, 17 en contra y 9 abstenciones, los cambios del Senado al proyecto que prohíbe la entrega de títulos condicionada al pago de deudas de arancel en la educación superior. De esta manera, el Congreso despachó a ley la iniciativa.

El texto consigna que las universidades han entendido que la sanción establecida en el artículo 55 de la Ley 21.091 de educación superior, sobre “condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones” al pago de otros ítem distintos a los “aranceles previamente establecidos”, no sólo se refiere a los derechos o tasas de titulación (estampillas y otros).

En sus fundamentos para legislar sobre esta materia, las y los diputados autores de la moción indicaron que pese a que existen decisiones judiciales a favor de los estudiantes, en general los tribunales sostienen que dicha prohibición solo opera en casos anteriores a la vigencia de la Ley 21.091, de educación superior, de 2018.

De este modo, el proyecto con las modificaciones del Senado sanciona como infracción grave condicionar la rendición de exámenes a deudas de arancel. En específico, el Senado solo propuso reemplazar la expresión “otras evaluaciones” para precisar que esto aplica a rendir “exámenes de grado o titulación”.

El proyecto es de autoría del diputado Luis Malla (PL). Además, lo firmaron Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Calisto (Indep), Felipe Camaño (Indep), Karen Medina (IND), Vlado Mirosevic (PL), Alejandra Placencia (PC), Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Sebastián Videla (Indep).

En su mayoría, las y los parlamentarios de diversos sectores coincidieron que este proyecto consagra el derecho a la educación, priorizando la capacidad académica y no el poder económico. A su vez, que la falta de dinero no puede significar que los estudiantes no puedan obtener sus títulos.

Por ello, reiteraron su respaldo al proyecto porque permitirá a los alumnos convertirse en profesionales y lograr así cumplir sus compromisos económicos.

Además, recalcaron que este cambio legal no significa que la casa de estudios no pueda cobrar las deudas de arancel con posterioridad. También se criticó la lógica mercantil de la educación superior y coincidieron en avanzar en un nuevo financiamiento para el sector.

Desde la bancada republicana, en tanto, manifestaron una opinión contraria, porque remarcaron que los estudiantes deben cumplir el compromiso de pago, para no afectar la fuente de financiamiento y debilitar a las universidades privadas.