La Contraloría General y Comisión Ingresa informaron el lunes a la comisión investigadora del Crédito Aval del Estado que 571 mil millones de pesos ha ganado la banca a través del CAE en la educación superior.
Durante la jornada se realizó una nueva sesión de la comisión presidida por la diputada Camila Rojas. La ocasión contó con la presencia de la Contraloría General de la República representada por su cabeza, Jorge Bermúdez. También asistieron el director del Sernac, Lucas del Villar.
Según la información provista por la Contraloría, el fisco ha transferido a los bancos millonarias sumas de dinero por concepto de recarga a la recompra de los créditos. Estas ganancias para los bancos, fueron el modo de hacer atractiva su participación en el sistema y han llegado hasta el 90% de lo recomprado en algunos casos. La Comisión Ingresa estimó que estos montos alcanzan los 571 mil millones de pesos.
Contraloría señaló que dicho monto no ha sido debidamente justificado por Ingresa. De hecho, en las últimas licitaciones el Estado ha recomprado la totalidad de los créditos entregados por la banca, pagando el respectivo sobreprecio.
Varias de las empresas mencionadas se han visto involucradas en irregularidades vinculadas a acreditaciones y en retiro ilegal de utilidades. En estas instituciones más del 50% de los estudiantes estudian con CAE.
En ese sentido, conforme a lo señalado por el mismo Sernac, si se aplicase la ley de protección a los consumidores, muchas de las cláusulas y condiciones a los deudores del CAE serían calificadas de abusivas e ilegales, con especial atención a la vulnerabilidad de estos deudores, que son en su mayoría estudiantes provenientes de familias de escasos recursos.
El contralor Jorge Bermúdez no perdió oportunidad de realizar un comentario sobre el nuevo crédito propuesto desde el Ejecutivo como aquel que reemplazaría el actual CAE y desbancaría el sistema. Bermúdez señaló que la propuesta del proyecto, de constituir una sociedad anónima para administrar el crédito, imposibilitaría el control por parte de los órganos del Estado. Eso a menos que se ponga expresamente que habrá control de alguno de los órganos.
Durante la jornada se realizó una nueva sesión de la comisión presidida por la diputada Camila Rojas. La ocasión contó con la presencia de la Contraloría General de la República representada por su cabeza, Jorge Bermúdez. También asistieron el director del Sernac, Lucas del Villar.
Según la información provista por la Contraloría, el fisco ha transferido a los bancos millonarias sumas de dinero por concepto de recarga a la recompra de los créditos. Estas ganancias para los bancos, fueron el modo de hacer atractiva su participación en el sistema y han llegado hasta el 90% de lo recomprado en algunos casos. La Comisión Ingresa estimó que estos montos alcanzan los 571 mil millones de pesos.
Contraloría señaló que dicho monto no ha sido debidamente justificado por Ingresa. De hecho, en las últimas licitaciones el Estado ha recomprado la totalidad de los créditos entregados por la banca, pagando el respectivo sobreprecio.
DEPENDENCIA DEL CAE
Se pudo establecer durante el debate que existe un conjunto de universidades masivo lucrativas que, si no fuese por el CAE, no podrían funcionar. Se trata de casas de estudio que capturan cerca del 70% de los CAE cada año e incluyen corporaciones como Laureate, Santo Tomás, San Sebastián e Inacap, entre otras.Varias de las empresas mencionadas se han visto involucradas en irregularidades vinculadas a acreditaciones y en retiro ilegal de utilidades. En estas instituciones más del 50% de los estudiantes estudian con CAE.
CLÁUSULAS ABUSIVAS E ILEGALES
Se produce una zona gris a la hora de determinar jurídicamente si el CAE se contrae a través de contratos que son competencia del Sernac o no. Lucas del Villar argumentó que no era materia de competencia del Sernac, porque la ley del CAE 20.027 y su respectivo reglamento las excluye, en razón de su carácter especial. Sin embargo, el también presente profesor de Derecho del Consumidor de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, rebatió que sí podría ser aplicable la ley de Protección a los Derechos de los Consumidores.En ese sentido, conforme a lo señalado por el mismo Sernac, si se aplicase la ley de protección a los consumidores, muchas de las cláusulas y condiciones a los deudores del CAE serían calificadas de abusivas e ilegales, con especial atención a la vulnerabilidad de estos deudores, que son en su mayoría estudiantes provenientes de familias de escasos recursos.
El contralor Jorge Bermúdez no perdió oportunidad de realizar un comentario sobre el nuevo crédito propuesto desde el Ejecutivo como aquel que reemplazaría el actual CAE y desbancaría el sistema. Bermúdez señaló que la propuesta del proyecto, de constituir una sociedad anónima para administrar el crédito, imposibilitaría el control por parte de los órganos del Estado. Eso a menos que se ponga expresamente que habrá control de alguno de los órganos.
