El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas.
Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos.
En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos.
Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad.
La historia que dio origen a esa orden de detención comenzó casi un año antes, cuando el 2 de noviembre de 1981, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Piñera fue gerente general del banco entre marzo de 1979 y septiembre de 1980, lapso en el que la justicia acreditó varios ilícitos cometidos por la administración de la institución financiera.
LOS HECHOS
La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por el banco, al momento de su intervención, sumaban
250 millones de dólares.
En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un máximo de 25% del mismo.
Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar acciones del propio banco.
Ése era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978.
Un ejecutivo del banco, que actuó como apoderado de la Compañía Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. una de las empresas relacionadas que obtuvo un crédito de 11,7 millones de dólares del Banco de Talca, declaró que tramitó el préstamo "a petición del gerente general de esa época, Sebastián Piñera, cumpliendo con un programa de capitalización fijado por el equipo ejecutivo del banco, a fin de completar un monto de capital suficiente para el desenvolvimiento normal de la entidad".
Río Claro no sólo estaba relacionada a los socios controladores del Banco de Talca del cual Piñera ya era accionista, sino también con el entonces gerente general del banco.
En efecto, un día antes de que el Banco de Talca otorgara el crédito a Río Claro, Piñera se asoció con Inversiones Sevilla, una de las constituyentes de Río Claro, para crear una tercera empresa: Indac. Inversiones Sevilla poseía a la fecha el 5% de las acciones del banco.
En este caso, Piñera reconoció en su declaración judicial haber autorizado los créditos, claro que sin aceptar responsabilidades ilícitas.
El 20 de septiembre de 1982, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo que dejó a Piñera fuera de las rejas.
