Desde que los gobiernos americanos hacen elecciones para resolver todos sus asuntos se han creado escenarios algo incontrolables. Tamaño entusiasmo por la democracia de los votos inquieta y algunos proclaman una inminente inflación democrática. Al desmantelar (parcialmente) el aparato dictatorial, varios países acompañaron la construcción de la institucionalidad democrática con la observación externa de sus procesos electorales.

Esta observación es delicada. Se evalúa el nivel de transparencia de todo el proceso y al mismo tiempo se le asegure al país que no habrá intromisión en sus asuntos. Desde luego, la nación que invita pondera la calidad y la ecuanimidad de quienes ofrecen el servicio. Pueden ser organismos que integra (la OEA) o respeta como contraparte (UE). También están los Consejos de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela, de las cortes electorales en la región); la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore, que reúne a los países centroamericanos y sudamericanos); y el Centro de Asistencia y Promoción Electoral (Capel, un programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA).

En la Carta Democrática Interamericana, los artículos 23 a 25 establecen el alcance de las misiones de la OEA. Si bien "los estados miembro son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos", en ejercicio de su soberanía podrán "solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia". Sólo si el país lo pide y firma un convenio que "determine el alcance y la cobertura de la misión", podrá despachar observadores, que deben actuar en "conformidad con los principios y normas de la OEA". Al final, el secretario general presenta un informe al Consejo Permanente e indica si "no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas".

No todos los países creen necesitar observación. Algunos tienen una tradición e institucionalidad que los avala. Chile y Brasil en 2006 recibieron las felicitaciones del Consejo Permanente. Pero para las elecciones presidenciales de 2006 en México, la OEA estaba invitada junto a decenas de organismos. Por el costo de enviar a cientos de observadores, presenció sólo el recuento final mediante su entonces directora de departamento, Elizabeth Spehar. Es conocido el desenlace: desde un Presidente paralelo hasta votos hallados en vertederos de Ciudad de México. Ante la declaración del Tribunal Electoral de México de que ganaba Calderón, el Consejo Permanente envió sus felicitaciones.

Pero Nicaragua no tuvo ese placer. Aunque una misión avaló el proceso que llevó a Ortega a la Presidencia en enero de 2007, con casi 200 observadores y pese a que los resultados de la elección municipal arrojaron casi el mismo equilibrio que en 2004, el Gobierno del Presidente Bush no esperó al Consejo Electoral Supremo de Nicaragua para alegar que "notamos que se ha reportado sobre irregularidades extendidas y la decisión de Nicaragua de no acreditar observadores electorales creíbles ha dificultado aquilatar correctamente el proceso". El embajador de EEUU condicionó el apoyo de su país (de 40 millones de dólares anuales y otros 175 millones de dólares hasta 2010) a resultados "transparentes". Esto mientras la oposición nicaragüense (que ganó 50 municipios) reclamaba fraude, alejando "votos encontrados en un vertedero" y ausencia de observadores internacionales creíbles. A pocas horas de la advertencia de EEUU, el secretario general de la OEA dijo en un comunicado oficial que "el proceso de recuento aún [está] en marcha" pero "no habiendo sido invitada a observar estos comicios, la OEA no está en condiciones de emitir opinión sobre ellos".

En un comienzo, Nicaragua mantuvo la cordura y recalcó que 200 observadores de la Uniore y los Ceela estuvieron en las elecciones sin encontrar fraude y optaron por esas organizaciones porque preferían su experiencia por sobre la OEA. Pero las declaraciones del secretario general produjeron confusión entre los integrantes de la OEA, porque podrían significar que cualquier país que no invite a este organismo quede sujeto a una situación inaudita. Intentando paliar posibles arranques, Nicaragua y Venezuela llamaron a un Consejo Permanente para exigir explicaciones al secretario general. Al final, hay una competencia no declarada entre organismos que ofrecen observación electoral. Quizá por eso la OEA ha expandido su mercado al ofrecer servicios para las primarias de partidos en Paraguay y Honduras. Hasta la Concertación y la Alianza podrían pedir una cotización.