La vocera el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Daniela Andrade, manifestó este viernes su total solidaridad con las familias de Stefanía Constanza Breve Neira (19) y de E.C.J.M. (16), quienes el jueves fueron apuñaladas en Coronel por un adolescente de 16 años, hecho tras el cual perdió la vida la mayor de edad.

La activista LGBTIQ+ llamó también a las personas a manifestarse contra el doble ataque y anunció que el Ministerio del Interior ya se encuentra trabajando en torno al caso junto al Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y del Sename, tras petición formulada por el Movilh. Asimismo, exigió que la sanción contra el homicida además de penal, sea pedagógica.

“Nuevamente somos testigos de un hecho de violencia contra la mujer, un caso de lesbofobia donde dos chicas son víctimas de un menor de 16 años. Como vocera de una organización LBTIQ+ lamento enormemente este hecho. Me causa mucha tristeza, mucha impotencia, mucho enojo y frustración, al ver que todo el trabajo que tanto esta organización como otras organizaciones de DDHH realizan, se ven enlodados con estos actos”, afirmó Andrade.

“Llamo a exigir justicia y en mi calidad de enfermera, y debido a que aún estamos en pandemia, instó a manifestarse en redes sociales. No estamos pidiendo nada extraordinario, nada que no debamos pedir. Es obvia y básica la dignidad, exigir justicia, exigir que no nos sigan matando. Respeto, dignidad, igualdad de derechos. Llamo a entregar amor y afecto a estas familias que se ven afectadas por la violencia”, agregó.

Andrade estima que “la sanción contra el homicida debe ser ejemplar, la máxima contemplada en la Ley Gabriela y/o la Ley Zamudio, pues estamos en presencia de crimen deleznable, uno de los más violentos de las últimas tres décadas”.

Asimismo, explicó que “junto a la sanción penal, se deben adoptar medidas pedagógicas. Cuando un joven comete un delito tan deleznable contra mujeres que, al igual que él, están recién iniciando su vida; la autocrítica debe ser de toda la sociedad y del Estado. Algo no está bien, y eso pasa, entre otros factores, por la carencia de una política nacional de educación sexual con perspectiva de derechos humanos que parta desde la etapa parvularia y que involucre a las familias”.

Tras dialogar el Movilh con familiares de ambas víctimas, Andrade apuntó que el Ministerio del Interior “ha respondido a nuestro llamado para brindar orientación jurídica y psicológica gratuita a la víctima sobreviviente y a las familias de ambas jóvenes. A medida que esto avance, definiremos, siempre en coordinación con los/as involucrados/as, que otras acciones cursar. Por ahora, en estos días debemos sumarnos al luto, que los familiares y la chica sobreviviente merecen vivir en paz y en privacidad”.

En carta dirigida al Movilh, la Subsecretaría de Prevención del Delito indicó que “el caso está siendo trabajado dentro del circuito de femicidio de la Red de Asistencia a Víctimas, por lo cual estamos coordinando acciones con Sernameg y Sename”, con el fin de reaccionar de manera conjunta y multisectorial a las necesidades de la joven sobrevivientes y de las familias, indicaron.