La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó este martes el arresto del exministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y del jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos entre octubre de 2022 y marzo de 2023, bajo el marco de la invasión a Ucrania.

Ambas figuras son sospechosos de responsabilidad de crímenes de guerra por dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de “actos inhumanos” en Ucrania, según indicó la CPI en un comunicado.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó la aprobación de las ordenes de arresto, en donde se acusa a Shogú y Guerásimov de ser presuntos “responsables a nivel penal” de los actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes, recogió Cooperativa.

“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023”, declararon los jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.

“Durante este periodo, las fuerzas armadas rusas realizaron un gran número de ataques contra numerosas centrales y subestaciones eléctricas en varios lugares de Ucrania”, añadió la corte. “Los daños civiles previstos habrían sido claramente excesivos respecto de la ventaja militar prevista”, indicó el tribunal mediante un documento.

Asimismo, la Sala ve “motivos razonables” para creer que “los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.

A su vez, denunció que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, por lo que se cree que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.