Gobierno se querelló por amenazas y funas contra jueza que dejó libre a carabinero que atropelló a hincha

El libelo presentado por el Ministerio del Interior, busca identificar a los responsables de los amedrentamientos por redes sociales y a quienes profirieron directas amenazas e insultos a la magistrada en las afueras de su domicilio.

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El Gobierno se querelló contra quienes resulten responsables de los hostigamientos y amenazas proferidos a la jueza que dejó con firma semanal y arraigo nacional al carabinero que atropelló hace un par de semanas a un hincha de Colo Colo, en los alrededores del Estadio Monumental, donde se registraban incidentes.

La acción judicial interpuesta por el Ministerio del Interior, se refiere a las expresiones manifestadas en redes sociales por quienes critican la decisión y argumento de la titular del 14° Juzgado del Crimen, Andrea Acevedo, y además por la “funa” realizada por unas 200 personas en su domicilio, en protesta porque basó su determinación en la irreprochable conducta anterior del efectivo Carlos Martínez.

Con el camión que conducía esa jornada, el uniformado arrolló sin intención alguna, según indicó él mismo en la audiencia de formalización, a Jorge Mora, quien falleció más tarde producto de las graves lesiones que sufrió.

Uno de los argumentos esgrimidos por la jueza fue que lo ocurrido puede considerarse “a lo más como una conducta negligente, pero justificada bajo mi criterio”, debido a que “estaba en peligro tanto su vida como la de su acompañante”.

Otro fundamento que irritó a quienes cuestionan a Acevedo fue que “una persona que con un vehículo de considerable magnitud tiene que enfrentar una situación que no es normal (…) Aquí no estamos hablando que le estaban tirando flores o lanzando challas, le estaban lanzando objetos contundentes”.

A juicio del Ejecutivo, “amenazar e intimidar a la magistrada en razón de las funciones que normalmente ejerce”, en un marco donde si bien “en un Estado de Derecho democrático” existe la libertad de emitir opiniones, “el ejercicio de las mismas no es absoluto, sino que tiene su límite en la ley”, subraya El Mercurio.

Esas acciones, plantea el libelo, “es preciso hacer uso de los medios legalmente consagrados para sancionar debidamente casos como este, en que no se trata de un legítimo ejercicio de las mencionadas garantías y libertades, sino de un uso abusivo de las mismas”.

Al respecto, Interior solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias relativas a que la Brigada del Cibercrimen de la PDI haga un “barrido” de las redes sociales para “recabar detalles de los usuarios que han amenazados a la jueza” y que se ordene la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el sector de la casa de ésta para lograr la identificación de las personas que protagonizaron los desórdenes y amenazas denunciadas.

QUEJAS INADMISIBLES

En tanto, la Corte de Apelaciones de Apelaciones de Santiago declaró inadmisibles el lunes dos recursos de queja contra la jueza Acevedo.

Uno de ellos fue presentado por el senador Alejandro Navarro a raíz de la actuación de la magistrada en la formalización del carabinero, pero no fue admitido porque el parlamentario no es parte interviniente del caso. El otro escrito apunta a otra causa y se consideró extemporánea.

Mientras, por el caso de Jorge Mora se mantiene otro recurso del mismo tipo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero ante la Corte Suprema.