TC escuchó alegatos de las mujeres que demandan el retiro de sus fondos de las AFP

En la etapa de alegatos ante el organismo los abogados de las cotizantes de las AFP Cuprum y Habitat expusieron las razones por las que consideran inconstitucional la prohibición de sacar anticipadamente estos montos y que no se les permita disponer libremente de ellos.

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Los abogados de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, y de la enfermera de Punta Arenas, Beatriz Valenzuela, pidieron este jueves al Tribunal Constitucional (TC) que declare inconstitucional el decreto ley 3.500 de 1980, que instauró el actual sistema de pensiones en el país.

De esta manera, Javiera Aravena, Fernando Atria y José Luis Ugarte pretenden que el organismo acceda a que ambas requirientes puedan retirar anticipadamente sus fondos de las AFP Cuprum y Habitat, respectivamente.

Ambas presentaron recursos en las cortes de apelaciones de ambas ciudades, las que pidieron pronunciamientos de la instancia encargada de ver que las normas que se aprueban o rigen al país no afecten las garantías que resguarda la Carta Magna.

En los alegatos de esta jornada los juristas sostuvieron que el DL 3500 es inconstitucional porque “vulnera el derecho de propiedad de las dueñas de los fondos al no permitir que puedan retirar sus dineros. La propiedad otorga poder y libertad de decidir a quienes son dueños de algo”.

Afirmaron que existe solo un caso en el cual la Constitución Política permite limitar el derecho de dominio y es cuando la propiedad cumple una función social. “Y en estos casos, la limitación a la propiedad que constituye el DL 3.500 no cumple función social alguna. Es en realidad un sistema de ahorro forzoso individual”, aseguraron.

“Las AFPs y el Presidente Sebastián Piñera nos dicen que el sistema de pensiones de capitalización individual garantiza el derecho a la seguridad social y que por eso se justifica la decisión de no devoler el dinero a sus dueñas”, señalaron a los jueces.

Asimismo, añadieron en sus ponencias que esas instituciones y el Jefe de Estado “reconocen que ellas son dueñas de sus fondos de pensión, pero nos dicen que para proteger su derecho a la seguridad social no hay que entregarles sus dineros”, expresaron.

“Nótese el sinsentido: rechazan devolver el dinero a sus dueñas, es decir, les niegan su derecho de propiedad, basados en otro derecho respecto del cual ellas son titulares, el derecho a la seguridad social”, enfatizaron.

Subrayaron que “esta limitación al derecho de propiedad se justificaría si el derecho a la seguridad social estuviera garantizado por el DL 3.500, pero no es así, el sistema de pensiones que tenemos en el cual las cuentas de ahorro individuales de las y los trabajadores son administrados por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones no es un modelo de seguridad social”, recalcaron los abogados.