Caso Minvu: Siete imputados en prisión preventiva, cuatro de ellos son del ministerio

Los otros seis formalizados por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, además deberán cumplir medidas cautelares como arraigo nacional y firma semanal y uno de ellos arresto domiciliario.

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de cuatro funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y tres particulares, imputados como autores de los delitos de fraude al fisco en licitaciones de sistemas informáticos, cohecho y lavado de activos.

En su resolución, la magistrada Pilar Ahumada Otárola ordenó el domingo la medida cautelar para los miembros de la cartera Marco Rivas Rivas, Alejandro Jara Arriagada, Cristian Labra Peña y María González Irarrázabal y de los otros formalizados Willy Conejeros Gajardo, Cristian Navarro Soto y Mariela Elgueta Rosas.

El tribunal impuso, además, las cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional para Antonio Fernández Nacarino, y fijó un plazo de cierre de la investigación de ocho meses.

Durante la primera jornada de formalización –que se desarrolló el sábado- la magistrada Ahumada acogió la solicitud de cautelares presentada por el Ministerio Público para otros 13 imputados por los mismos delitos.

Para Osvaldo Farfán Aros –quien además fue imputado por infracción a la ley de control de armas– el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno.

En tanto, Natalia Farfán Maldonado, Marco Duarte López, Marisol Rivas Campos, Ariel Alvarado Riquelme, Cecilia Bravo Arriagada, Miguel Varela Rodríguez, Alfredo Lizana Rubio, Marian Conejeros Gajardo, Gabriela Cordero López, Catalina Reyes Miranda, Carolina Morales Reyes y Patricio Cabrera Fernández quedaron con firma semanal, arraigo nacional y prohibición de contacto entre los imputados.

En la formalización, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indicó que entre 2014 y 2019 los funcionarios públicos investigados “han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y asegurar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras del Minvu, con al menos cuatro empresas, todas proveedoras del Estado”.

Añadió que “para ejecutar estas maniobras ilícitas los funcionarios públicos antes mencionados han actuado de manera coordinada con otras personas -todas ellas imputadas- y empresas”, añadió la fiscalía.

Los contratos adjudicados de manera fraudulenta alcanzarían -hasta el momento- a los $2.200 millones, con un perjuicio fiscal de $630 millones. En tanto, las “coimas” recibidas por los imputados del Minvu van desde los $3,5 millones a los $495 millones en el caso de Marco Rivas, jefe de proyectos.

Cabe recordar que la causa por estos delitos también abarca a otras reparticiones estatales como la Presidencia, la Segegob, el Ministerio de Educación y la subsecretaría de Prevención del Delito.

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