Suprema ordena pago de $50 millones por alumno asesinado en liceo de Linares

La condena se aplica al municipio sostenedor del establecimiento educacional y se fundamenta en la “falta de servicio del sostenedor del establecimiento al no cumplir con la obligación de velar por la integridad física y síquica de la comunidad educativa” para evitar la ocurrencia de ese hecho.

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La Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Linares a pagar una indemnización de $50 millones a la madre de un alumno que murió a causa de un disparo ejecutado por otro estudiante al interior de uno de sus recintos educacionales.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció la falta de servicio del sostenedor del establecimiento al no cumplir con la obligación de velar por la integridad física y síquica de la comunidad educativa.

“Sobre el establecimiento educacional -y, en consecuencia, sobre su sostenedor- recaía el deber de velar por la seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente que quedaren expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa que pudieren agredirlos, como ocurrió en la especie”, señala la resolución.

También subraya que “el administrador de un establecimiento educacional debe aplicar un cuidado elevado con miras a proteger la vida e integridad física de los estudiantes, teniendo en cuenta que, en este caso, se trata de adolescentes, que requieren especialmente de orientación, dadas las especiales características de la etapa del desarrollo en que se encuentran”.

El dictamen también menciona que ocurrido el hecho, el autor del disparo “escapó del recinto y se mantuvo fuera por a lo menos dos horas, sin que dicha situación fuere puesta en conocimiento de su apoderado o de las autoridades, para luego volver, por una vía no destinada al efecto, portando un arma de fuego con la cual disparó a uno de sus compañeros, en un lugar donde se encontraban también otros alumnos”.

Dado este contexto, precisa la sentencia, el municipio demandado “no sólo ha incurrido en un incumplimiento de su obligación de velar por la integridad física y psíquica del pupilo fallecido, sino también ha permitido que tal derecho se vea amenazado respecto del resto de los miembros de la comunidad educativa, que se hallaban en el establecimiento el día de los hechos”.