Corte constitucional de Perú evalúa demanda contra disolución del Congreso

El rol de la instancia jurídica es analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el poder ejecutivo sobre su disolución, medida adoptada para combatir la corrupción en ese poder del estado.

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El Tribunal Constitucional de Perú decidirá e este jueves si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra, en un nuevo episodio de una crisis política que levanta nubarrones sobre la economía.

Los siete magistrados que componen la instancia resolutiva deben pronunciarse sobre el requerimiento y dirimir, asimismo, si procede o no una medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Parlamento, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la acción decretada por el mandatario el pasado 30 de septiembre.

El rol de la corte es “analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el poder ejecutivo sobre la disolución”, explicó su presidente, Ernesto Blume, al convocar a esta audiencia que tiene en vilo a la clase política peruana.  

La policía colocó rejas en la calle para restringir el acceso a la sede del tribunal, mientras decenas de personas se manifestaban en favor y en contra de la demanda antes de que comenzara la audiencia.

El diario El Comercio afirmó que Blume está a favor de admitir la demanda, pero la decisión debe ser tomada por el pleno de magistrados.

El cierre del Congreso fue aplaudido por nueve de cada diez peruanos y llevó la popularidad de Vizcarra al récord de 79%, según encuestas.

Miles de ciudadanos celebraron la decisión en las calles, y nadie salió a protestar contra ella. 

Sin embargo, la medida fue tildada de “golpe de Estado” por la oposición aglutinada en torno al “fujiaprismo”, los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y del difunto exmandatario Alan García.

Tras disolver el Congreso, Vizcarra convocó a comicios legislativos para el próximo 26 de enero, pero a la oposición no le acomoda ir a las urnas en momentos de gran desprestigio.

Desde la disolución, continúa en funciones una Comisión Permanente con facultades restringidas de 27 miembros, 21 de ellos opositores. La preside Olaechea, quien pidió la intervención de la alta corte la semana pasada.

“Cada institución tiene que cumplir con su rol”, dijo Vizcarra este jueves sobre la audiencia del tribunal. Sin embargo, “todos tenemos la vigilancia y los ojos puestos de todos los ciudadanos”, añadió, en alusión a que un fallo en favor del Congreso profundizaría la crisis.

Los choques de poderes empezaron en 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia tras vencer en balotaje a Keiko. No obstante, el fujimorismo ganó una amplia mayoría parlamentaria y arrinconó al mandatario hasta forzarlo a renunciar en 2018.

Simultáneamente, fueron avanzando las indagaciones de la fiscalía por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica a cuatro expresidentes, además de Keiko.

El expresidente Kuczynski está con arresto domiciliario, mientras Alejandro Toledo (2001-200&) está preso en Estados Unidos en virtud de un pedido de extradición y Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril para no ser detenido.

Ollanta Humala (2011-2014) está libre tras pasar nueve meses en la cárcel con su esposa Nadine.

KENJI ROMPE EL SILENCIO

Kenji Fujimori, el benjamín del clan Fujimori, rompió un silencio de meses para criticar el papel “obstruccionista” del partido de su hermana Keiko desde 2016, que según él “abrió la Caja de Pandora de todos los males que han atormentado al Perú desde entonces”. 

Ambos hermanos fundaron el partido fujimorista en 2011, pero rompieron relaciones hace dos años.

Tras el cierre del Congreso, la oposición pidió que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta sugirió que recurrir al Tribunal Constitucional.

Si la demanda es admitida, la corte iniciará un debate que se puede prolongar por tres o cuatro meses, según especialistas, para decidir si Vizcarra actuó conforme a la carta magna o si la infringió y se convirtió en “dictador”, como alega la oposición.

La situación es compleja pues si la corte restituye al disuelto Congreso, la crisis política podría profundizarse dañando la economía, que ya siente los efectos del choque de poderes, según economistas que expusieron en un encuentro organizado por la agencia clasificadora de riesgo Moody’s el miércoles en Lima.

“La economía ha sido un rehén de los políticos” peruanos, dijo el economista Elmer Cuba, jefe de la consultora Macroconsult, destacando que desde hace dos años Perú crece dos puntos menos que el promedio mundial, en contraste con años los anteriores. 

“Nos asustamos mucho cuando se cerró el Congreso”, pero “los inversionistas extranjeros ya se acostumbraron a este ruido”, declaró por su lado Jaime Reusche, responsable de Moody’s para Perú.

Vizcarra cerró el Congreso tras una controversia con el cuerpo legislativo sobre el sistema de designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

La corte debe dirimir además si acepta como miembro a un abogado elegido por el Congreso minutos antes de su disolución, en una cuestionada votación.