Ecuador recupera la calma tras protestas por eliminación de subsidios

"Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad, la seguridad", dijo el presidente Lenín Moreno en un mensaje transmitido por televisión y grabado en Guayaquil, adonde la semana pasada trasladó la sede de gobierno debido a las protestas en Quito.

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Ecuador volvió a la calma, tras acordar el gobierno y el movimiento indígena el fin de la crisis causada por el furioso rechazo a medidas de austeridad, y tenía por delante la difícil tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de protestas.

“Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad, la seguridad”, dijo el presidente Lenín Moreno en un mensaje transmitido por televisión y grabado en Guayaquil, adonde la semana pasada trasladó la sede de gobierno debido a las protestas en Quito.

Las pérdidas fueron estimadas en al menos 1.500 millones de dólares por Patricio Alarcón, titular del Comité Empresarial.

La Defensoría del Pueblo reportó a su vez ocho muertos, 1.340 heridos (algunos en estado crítico) y 1.192 detenidos. El ministerio de Gobierno (Interior) reportó a su vez 1.419 arrestados, entre ellos 54 extranjeros como venezolanos.

Quito fue escenario de violentas protestas por la eliminación de subsidios a combustibles, que finalizaron el domingo con un compromiso entre Moreno y el movimiento indígena que lideró las manifestaciones. La negociación fue cara a cara, con mediación de la ONU y la Iglesia católica.

Los aborígenes, que participaron en los derrocamientos de tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una “simbólica” victoria, estimó Pablo Romero, experto indigenista de la universidad Salesiana.

El acuerdo “muestra el poder del diálogo pacífico” y ayudará a devolver la estabilidad al país, declaró por Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak. Quito es aliado de Washington.

Pero la protesta generó “una fractura que va a ser muy difícil” de sanar, añadió Romero.

Los aborígenes representan un 25% de los 17,3 millones de habitantes y son el sector más castigado por la pobreza.

El Ejecutivo aceptó la condición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para desmovilizar a miles de sus miembros: derogar el decreto presidencial 883 que eliminó los subsidios, pactado con el FMI.