Penas de hasta 13 años de cárcel para líderes independentistas catalanes

Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, que relanzó la tensión en Cataluña donde el separatismo tiene la escena política y social en ebullición desde hace una década, los manifestantes cortaron varias vías de la capital catalana.

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Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados el lunes a penas de 9 a 13 años por el fracasado intento de secesión de 2017, sentencia que detonó inmediatas protestas de repudio con miles de participantes en las calles de Barcelona, que cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto.

En la sentencia del Tribunal Supremo, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el máximo tribunal en Madrid.

Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos por malversación. Entre los condenados figura la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, sentenciada a 11 años y medio.

Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, que relanzó la tensión en Cataluña donde el separatismo tiene la escena política y social en ebullición desde hace una década, los manifestantes cortaron varias vías de la capital catalana.

Miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza de Cataluña al grito de “las calles siempre serán nuestras”, constató un periodista de la AFP. 

Una nueva plataforma independentista, el ‘Tsunami Democrático’, llamó a colapsar el aeropuerto de Barcelona para “internacionalizar la respuesta ciudadana”.

“Ahora sólo nos queda la vía de la desobediencia civil e institucional. Esto va para largo”, dijo a AFP Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años.

“Movilizaciones pacíficas pero determinadas, que tengan un impacto. Cerrar aeropuertos, estaciones, pero siempre evitando la violencia”, abundó Joan Guich, un estudiante de 19 años

Más allá de la reacción en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

“VOLVEREMOS MÁS FUERTES”

Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.

Junqueras aprovechó el fallo para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido: “Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos”.

Además de Junqueras y Forcadell fueron condenados el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años para cada uno), y cinco antiguos ministros regionales.

Los tres restantes son exmiembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal -marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo-, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó.

Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.

Los hechos alrededor de la fallida secesión significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

El juicio tuvo como epicentro la cuestión de si hubo o no violencia, una noción que sustentaba el cargo de rebelión presentado por la fiscalía contra nueve de los acusados.

En su sentencia, el Supremo dio por “probada la existencia de violencia”. Sin embargo, esta careció de “funcionalidad”, y “el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social”, lo que convirtió el propósito independentista “en una mera quimera”.