TC tramitará requerimiento de enfermera que pide retirar fondos de AFP

La decisión unánime de los miembros del organismo, permitirá revisar si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución y que es al que apela Beatriz Valenzuela para hacerse de sus ahorros para planificar su vida al dejar de trabajar.

364

El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento presentado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, para que se pronuncie por el recurso de la enfermera Beatriz Valenzuela, de 60 años, quien pretende retirar todos sus ahorros previsionales desde la AFP Habitat.

La decisión fue adoptada en forma unánime por los ministros integrantes del organismo encargado de revisar y velar por la constitucionalidad de las normas y su aplicación, María Luisa Brahm (presidenta), Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández.

El 2 de octubre pasado, la Primera Sala del tribunal de alzada puntarenense estimó en forma unánime que, antes de resolver el recurso, era indispensable presentar una consulta al TC para que –en este caso en particular- determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.

La resolución establece también que el procedimiento queda suspendido hasta que el Tribunal Constitucional decida, en primer lugar, si admite o no el requerimiento de inaplicabilidad.

En este caso, la enfermera asegura que la jubilación a recibir será de $280 mil, cifra que no le alcanza para cubrir sus gastos.

Las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos, (…) la pensión no me alcanzaría para vivir y mantener mi nivel de vida, teniendo que posiblemente después endeudarme, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y un sinnúmero de problemas que no debería enfrentar una persona de tercera edad”, dice parte del escrito.

Asimismo, sostiene que le “preocupa una invalidez o problema de salud. No puedo acceder a una mejor calidad de vida y en ese sentido la respuesta de la AFP es arbitraria e ilegal”.

Se trata del segundo caso que acoge a trámite el TC. El primero fue el de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, que pretende retirar sus fondos de la AFP Cuprum para pagar un crédito hipotecario.