Corte Suprema resuelve que causa disciplinaria a ministra Lusic no será pública

La causa se abrió después de que la jueza no se inhabilitó -teniendo una orden expresa de sus superiores jerárquicos- en un litigio del Banco de Chile, como también por su vínculo con el operador político de la derecha, John Campos, para acceder a un cupo en la Corte Suprema.

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Por 7 votos a 5, el Pleno de la Corte Suprema resolvió que la causa disciplinaria en contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, por presunto tráfico de influencias, no tendrá alegatos y, por tanto, no será de carácter público.

Según informó radio Biobío, los ministros que votaron por hacer el trámite judicial a puertas cerradas y sin exposición verbal de los argumentos jurídicos de ambas partes fueron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, además de Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y el suplente Rodrigo Biel.

El voto de minoría, en tanto, fue de los ministros Rosa Engem, Rosa María Maggi, Juan Eduardo Fuentes, Ángela Vivanco y María Angélica Repetto.

La causa se abrió después de que Lusic no se inhabilitó -teniendo una orden expresa de sus superiores jerárquicos- en un litigio del Banco de Chile, como también por su vínculo con el operador político de la derecha, John Campos, para acceder a un cupo en la Corte Suprema.

Dicha relación aparece en un audio donde Campos habla con una jueza cercana al senador PPD Guido Girardi con miras a conseguir los votos en la Cámara Alta en 2018.

Los hechos descritos, junto a otro presunto tráfico de influencias de Lusic para que Campos asumiera como titular en una notaría de San Miguel, derivaron en que la magistrada no fuera nombrada por el Senado, pese a ser elegida por el Presidente Sebastián Piñera en abril pasado.

En sus descargos ante el Pleno de la Suprema -según una fuente del alto tribunal consultada por la radio-, Lusic desconoció los hechos e indicó que todo estuvo legalmente tramitado.

Uno de los ministros del voto minoría comentó a la radio que la decisión de no realizar alegatos públicos atenta contra la transparencia que ha tenido en los últimos años el Poder Judicial y genera una “sombra de duda” sobre la publicidad de los actos procesales.

El magistrado aludió al “auto acordado” adoptado por el máximo tribunal el 26 de enero de 2018, en cuyo texto se lee que los argumentos pueden exponerse de forma oral para que los recurrentes formulen las observaciones pertinentes a las pruebas que constan en la indagatoria disciplinaria.