Bachelet pide a Egipto “cambiar radicalmente” su enfoque ante las protestas

"Le recuerdo al Gobierno egipcio que, en virtud del Derecho internacional, la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente", agregó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a través de un comunicado.

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La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el viernes a las autoridades egipcias a “cambiar radicalmente” de enfoque frente a las manifestaciones, pidiendo la liberación “inmediata” de personas detenidas por ejercer su derecho a manifestar.

En un comunicado, “Bachelet instó a las autoridades a cambiar radicalmente su enfoque hacia cualquier manifestación futura, incluidas las que puedan tener lugar hoy” viernes.

“Le recuerdo al Gobierno egipcio que, en virtud del Derecho internacional, la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente”, agregó.

Las primeras manifestaciones, el 20 de septiembre, causaron sorpresa en el país, donde la oposición fue duramente reprimida tras la expulsión del expresidente Mohamed Mursi en 2013, derrocado por Abdel Fatah Al Sisi, que en aquel momento era jefe del ejército. 

Las autoridades no tardaron en responder y arrestaron a unas 2.000 personas, incluyendo periodistas, intelectuales y activistas políticos, según Human Rights Watch y ONG locales.

Algunos de ellos fueron liberados, según la ONU.

Pero “todas las personas detenidas únicamente por haber ejercido sus derechos deben ser liberadas inmediatamente”, exigió Bachelet. 

“Toda respuesta de las fuerzas de seguridad debería hacerse conforme a las reglas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el derecho a un juicio justo”, agregó. 

La alta comisionada destacó su “grave preocupación” a raíz de unas informaciones que afirman que hubo fallas en los procesos judiciales que siguieron a las detenciones de la semana pasada. 

Según Bachelet, a algunos de los detenidos se les negó el derecho a comparecer junto a un abogado, y otros fueron acusados de infracciones graves como “aportar ayuda a un grupo terrorista”, “difusión de ‘noticias falsas'” o “participación en manifestaciones no autorizadas” y “uso abusivo de medios sociales”, según la ONU.