Funcionarios de Interior piden renuncia de Salaberry o que el Gobierno lo “aleje”

Los trabajadores agrupados en la Fenaminsa también aprovecharon la oportunidad para denunciar que existe un mal ambiente laboral al interior de la Subdere y que Salaberry es uno de los que lo propicia y que se traducen.

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Trabajadores del ministerio del Interior exigieron al Gobierno que solicite la renuncia del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, tras la polémica de la que es protagonista por la supuesta infracción de tránsito cometida e insultos proferidos a un funcionario municipal.

Así lo manifestó la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), a la que pertenecen trabajadores de la repartición que encabeza la cuestionada autoridad.

El presidente de la organización, Esteban Tumba, sostuvo que a la luz del hecho, que reviste gravedad por tratarse de una ley transgredida y de insultar a un fiscalizador que resulta ser un ministro de fe ante la falta cometida, el aludido debiera considerar “dar un paso al costado”.

“Llamamos al subsecretario de Desarrollo Regional a que anteponga el bien común a sus intereses particulares y actúe con generosidad. El daño que se la hace a la gestión del Gobierno y a la subsecretaría solo se remedia con su alejamiento del cargo”, sostuvo el dirigente.

Además, instó al Gobierno hacerse cargo del problema “alejando al subsecretario de su cargo para fortalecer la credibilidad en las instituciones y la política pública”, y no manteniéndolo como lo ha decidido hasta que concluya la investigación que establezca si el subsecretario o su denunciante dicen la verdad.

La Fenaminsa también aprovechó la oportunidad para denunciar que existe un mal ambiente laboral al interior de la Subdere y que Salaberry es uno de los que lo propicia y que se traducen, dijo la organización en “acoso permanente de personal de gabinete del subsecretario a funcionarios y funcionarias, incluso a personal de su confianza”.

A ello se suman, dijeron, “intento de contratación de personas con gran prontuario judicial para cargos de gestión financiera (…), saumarios dirigidos a dirigentes y personal por montones; despidos arbitrarios calificados ya por la Corte Suprema; despidos discriminatorios calificados por tribunales del Trabajo; falta de conducción del proceso de descentralización”.