Dirigente de la Fenadaj reclama la urgencia de un acceso igualitario a la justicia

Claudia Fachinetti, presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, propone cambiar el nombre de la Corporación de Asistencia Judicial a Corporación de Justicia Social para comenzar a abordar la discriminación "clasista" que denuncian además alcaldes y académicos.

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Primero fue la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien acusó “clasismo en el trato a víctimas de la delincuencia”. Luego fue el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien en su columna en El Mercurio, titulada “la rueda del clasismo”, apuntó a los medios de comunicación, tanto “periodistas como editores”, de “simplemente reproducir los prejuicios irreflexivos que circulan en la sociedad” al darle menos cobertura a cinco muertos en un tiroteo en la población Carol Urzúa que al robo de una cartera desde un auto a una mujer en Las Condes.

En ese contexto, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), organización sindical que aglutina a los más de 2.000 funcionarios que dan soporte a la tramitación gratuita de juicios para los sectores más vulnerables de la población -“que no pueden pagar un abogado”, enfatiza su presidenta, Claudia Fachinetti, se sumó a este reclamo generalizado en torno al clasismo jurídico en Chile al poner como ejemplo que solo hay atención integral a víctimas de delitos violentos en 20 de las 346 comunas del país.

¿Es posible entregar justicia gratuita a todas las víctimas de delitos?

-Es posible e imperativo porque la Constitución así lo ordena, sin embargo, nuestras autoridades han centrado durante los últimos 25 años este derecho a los imputados a través de la Defensoría Penal pública y no a las víctimas de esos delitos, porque pensar que están cubiertos por las fiscalías y los fiscales es un error: ellos persiguen el delito, pero no defienden a las víctimas. Esos somos nosotros, a través de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), pero estamos totalmente invisibilizados. A la autoridad y la prensa no le interesan los pobres.

¿Entonces uno tiene más posibilidades como víctima de recibir asistencia jurídica gratuita en algunas comunas y otras no?

-En efecto. Si resides en Lo Espejo, por ejemplo, y eres víctima de delito no tienes acceso gratuito a atención jurídico, sicológica y social, en cambio si vives en El Bosque sí tienes cobertura. Ello porque en muy pocas comunas se garantiza este tipo de atención.

Desde la CAJs, ¿cómo visualizan este “clasismo” en el acceso a la justicia denunciados por la academia y los municipios?

-De varias formas, pero tal vez la más significativa es que la atención de las cuatro CAJs en Chile esté basada hoy en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales. Una atención judicial integral dura meses, o años, no solo con atenciones de sicólogos y trabajadores sociales, sino también legal, pues hay que presentar recursos, acciones, pruebas, investigar, redactar, alegar, cumplir plazos, etc…

 Cuál es el presupuesto que tienen hoy las CAJs por cada atención?

-Según nuestros cálculos, hoy nuestro presupuesto de atención por víctima es de $72.000 por usuario, una cifra ridícula si precisamos que el Estado gasta $700 mil por recluso al mes, por ejemplo.

Ustedes tienen un cálculo de cuánto sería un presupuesto idóneo para dar acceso a la justicia social de los más pobres?

-Hoy tenemos un presupuesto de 46 millones anuales. Calculamos que al menos para dar acceso digno a nuestros usuarios requerimos el doble de esa suma. Quiero precisar que la Defensoría Penal Pública, que atendió en 2018 a 319.738 imputados de delitos -nosotros atendemos víctima de delitos penales, pero también civiles, laborales, de familia, adolescencia y tercera edad- fue de $60 mil millones al año. Nosotros, con $46 mil millones atendimos en 2018 a 661.244 usuarios. Por esta cifra incluso fuimos felicitados públicamente por el ministro de Justicia, pero en estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

Quiénes cree son los más afectados por esta iniquidad social de acceso a la justicia?

-Las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad, porque son los más vulnerables de la sociedad. Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares, abuelos que pierden sus bienes a manos de desalmados… y los niños, a quienes se les vulnera sus derechos todos los días por parte de su entorno familiar y el Estado. Basta ver la situación del Sename.

¿Qué propuesta haría a las autoridades en forma urgente?

-Urgente, inyectar más recursos. Pero sabemos que requiere un acuerdo nacional de prioridades. Sin embargo, un primer paso sería cambiar el nombre a la Corporación de Asistencia judicial, que con este nombre da cuenta del clasismo ya que a los pobres se les da “asistencia judicial” y no acceso “igualitario a la justicia. Propongo el nombre Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.