Piñera promulga ley de retiro de cables aéreos en desuso

Mandatario sostuvo que el objetivo es “para tener ciudades más hermosas, más humanas, más gratas, más seguras”. A marzo de 2019 ya se han retirado 647 kilómetros de cables en desuso, lo que equivale a la distancia entre Santiago y Temuco, y se estima que para el final del actual gobierno se habrán retirado 2.000 kilómetros.

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El Presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes la ley que ordena el retiro de los cables aéreos en desuso, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades, eliminando estos objetos que generan inseguridad y contaminación visual.

“Es para tener ciudades más hermosas, más humanas, más gratas, más seguras”, dijo el Mandatario en un acto realizado en la comuna de La Reina, acompañado de la ministra de Transportes, Gloria Hutt; el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet; parlamentarios, vecinos y representantes de empresas de telecomunicaciones.

Los cables en desuso impactan en forma negativa en el entorno de los habitantes de todas las ciudades del país. Por ello, la nueva ley establece que las compañías serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de líneas aéreas o subterráneas de cables.

A nivel nacional, a marzo de 2019 ya se han retirado 647 kilómetros de cables en desuso, lo que equivale a la distancia entre Santiago y Temuco, y se estima que para el final del actual gobierno se habrán retirado 2.000 kilómetros de “escombros aéreos”.

“Así vamos a ir avanzando hacia una ciudad más humana, más grata para vivir”, dijo el Mandatario.

El plazo para retirar los cables no podrá superar los cinco meses desde que son calificados como desecho por la municipalidad correspondiente. Cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la compañía.

En caso de que la compañía no retire los cables dentro del plazo, los municipios podrán retirar estos elementos con costo a las empresas. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (entre $4,9 millones y $49 millones).