Agrupaciones denuncian que la búsqueda de detenidos desaparecido está paralizada hace años

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, expresó que "para el Estado de Chile no ha sido un tema (de interés), y creo que este gobierno, por sus características, no solo ya no tiene interés sino que boicotea cualquier avance".

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Hace 43 años la vida de Juana Cerda se detuvo. Su padre, miembro del Partido Comunista, fue detenido por la dictadura de Augusto Pinochet. Como él, otras mil víctimas permanecen desaparecidas, en una angustiante búsqueda que ha rendido muy pocos frutos.

El 19 de mayo de 1976 César Cerda, de 47 años, casado y padre de tres hijos, fue detenido tras meses de persecución a la cúpula del Partido Comunista. 

“¿Dónde está?, ¿dónde quedó su cuerpo?, es la vida que llevamos preguntándonos”, señaló Juana a la AFP, al frente del memorial que recuerda a los 3.200 muertos y desaparecidos de la dictadura en el Cementerio General. Otras 38.000 personas fueron torturadas por el régimen (1973-1990).

Junto a su madre recorrió hospitales, comisarías, morgues y cuarteles sin respuesta, al igual que otras esposas, hijos, hermanos o parejas de miles de prisioneros políticos.

“La búsqueda fue muy dolorosa. En el caso de mi madre hizo una huelga de hambre, se encadenó. Nos cambió totalmente la vida”, relató Juana, que a sus 62 años continúa buscando a su padre, del que solo sabe que pasó por los centros de torturas Villa Grimaldi y Simón Bolívar.

El mismo camino recorrió la familia de Eduardo Campos, detenido en 1973. “Han sido años de búsqueda y no tenemos nada”, dijo a la AFP su hermana Silvia, que siguió las indagaciones tras la muerte de su madre en 1994.

Su caso es aún más dramático. En 2006, el Servicio Médico Legal les informó que el cuerpo identificado como el de Eduardo no era tal. Tuvieron que desenterrarlo y partir de cero nuevamente.

Juana Cerda muestra una foto de su padre, César Cerda, detenido desaparecido (AFP).

¿BÚSQUEDA PARALIZADA?

De las casi 1.100 personas que figuran como desaparecidas, apenas 104 fueron encontradas.

El último gran hallazgo ocurrió hace más de una década. Las agrupaciones de víctimas lo atribuyen al desinterés de los sucesivos gobiernos y denuncian que tras la llegada al poder de Sebastián Piñera, en marzo de 2018, las labores se paralizaron.

“Para el Estado de Chile no ha sido un tema (de interés), y creo que este gobierno, por sus características, no solo ya no tiene interés sino que boicotea cualquier avance”, acusó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hija de Waldo Pizarro, desaparecido en 1976.

En diciembre de 2017, a poco de terminar la presidencia, Michelle Bachelet lanzó un Plan Nacional de Derechos Humanos, que incluye el programa “Búsqueda y destino final de detenidos desaparecidos”, que en 2021 debería presentar una hoja de ruta con objetivos, responsables, recursos y mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados.

Pero según la organización de memoria Londres 38, tanto el plan como el programa “se encuentran paralizados y en constante revisión por el actual gobierno”.

Para Amnistía Internacional, las modificaciones introducidas por el gobierno de Piñera a este plan para eliminar el compromiso de acabar con la ley de Amnistía de 1978 y la creación de una comisión permanente de calificación de víctimas, implican “aumentar la deuda pendiente”.

“Se ha dado continuidad y profundizado el trabajo en esta materia. Hemos manifestado en todas las oportunidades que hemos tenido nuestro compromiso en este ámbito y hemos tenido las puertas abiertas a recibir a las diferentes organizaciones de familiares”, dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en un correo electrónico tras rechazar una entrevista con la AFP.

Lorena Pizarro (AFP).

¿POR QUÉ TAN POCOS?

Sobre las causas judiciales, a diciembre de 2018 la Subsecretaría informó que tramitaba 451 procesos por ejecuciones (correspondientes a 851 víctimas) y 266 por desaparición (618 víctimas). Desde el 3 de junio, dos abogados revisan los casos de 355 víctimas que no tienen un proceso judicial. Además, se actualizó un sistema de información para procesar de mejor manera causas vigentes.

Pero la deuda de justicia sigue siendo amplia. El último informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales estableció que solo en un 22,1% de los casos oficializados de desapariciones y ejecuciones se dictó una sentencia entre 1995 y junio de 2018.

En una reciente revisión, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó su preocupación por el reducido número de víctimas localizadas y recomendó a Chile “intensificar sus esfuerzos para incoar las investigaciones o acelerar” las que están en trámite.

“No es fácil encontrar a los detenidos desaparecidos si uno piensa que fue un diseño precisamente para hacerlos desaparecer sin huellas”, planteó Elizabeth Lira, experta en la materia de la Universidad Alberto Hurtado.

Lira se refiere, por ejemplo, a la operación “Retiro de televisores” ordenada en 1978 por Pinochet tras los primeros hallazgos de osamentas, para volver a esconder los cuerpos, muchos de los cuales fueron dinamitados o lanzados al mar.

Las agrupaciones afirman que las Fuerzas Armadas tienen toda la información pero se niegan a entregarla acogiéndose a un “pacto de silencio”.

“No se han encontrado, porque ese era el objetivo. El que sea una herida que lacere la conciencia nacional”, planteó Lorena Pizarro.

¿QUIÉN BUSCA A LOS DESAPARECIDOS?

Además de sus familias, que concentran los esfuerzos, una decena de jueces investigan causas de derechos humanos, mientras que una unidad especial del Servicio Médico Legal (SML) trabaja en la identificación de los pocos cuerpos encontrados.

El paso de los años, los escasos vestigios conservados y la existencia sólo de fragmentos dificultan la identificación.

“Tenemos las técnicas; la tecnología está disponible pero la información y la calidad de la información con la que trabajamos es muy variable”, dijo Marisol Intriago, encargada de la unidad de DDHH del SML, que hoy trata de identificar unas 45 posibles víctimas.

El servicio cuenta con cerca de 4.000 muestras de sangre y unos 1.800 restos óseos de familiares para asegurar en el futuro la búsqueda, ya que muchos de sus descendientes están muriendo.

Pero los familiares no bajan los brazos. “Vamos a seguir en la lucha hasta que se nos vaya la vida”, prometió Juana Cerda.