Diputados aprobaron proyecto que regula entrevistas a menores víctimas de abuso

La iniciativa, que fue despachada a segundo trámite, tiene como propósito el de proteger la integridad de los menores testigos, limitando el acceso a los registros videograbados y declaraciones judiciales.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regulará el acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y de declaraciones judiciales de menores de edad víctimas de delitos sexuales. 

La iniciativa, que fue despachada a segundo trámite, tiene como propósito el de proteger la integridad de los menores testigos, limitando el acceso a los registros videograbados y declaraciones judiciales.

Sin embargo, se observó por parte de la subcomisión técnica de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que era preciso considerar en esta materia la necesidades de formación profesional de quienes realizan esta labor, así como una revisión del material en caso de precisarse una referencia ante un juicio.

En línea con dichas situaciones, la propuesta incorpora una norma que regula las situaciones en que se podrá tener acceso a los mencionados registros y declaraciones judiciales de los menores víctimas de delitos sexuales. 

El artículo único del presente proyecto, ahora enviado a trámite al Senado, define que el Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Carabineros y PDI podrán solicitar acceso al registro de las entrevistas en las que haya participado un determinado entrevistador.

De esta forma el requerimiento que enviará la institución deberá incluir la individualización del evaluador y del entrevistador que será evaluado, quienes tendrán acceso al contenido del respectivo registro.

Asimismo, los entrevistadores podrán solicitar al Ministerio Público acceso al registro de la entrevista cuando hubiesen sido citados a declarar en juicio oral, con la finalidad de revisar la metodología y técnica empleada en ella.

Cabe precisar que este procedimiento contará con un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que establecerá la forma y las demás condiciones en que se solicitará y otorgará el acceso a la información y un sistema que permita individualizar a las personas que accedan al registro, resguardando la confidencialidad y seguridad de éste.