Aula Segura: Corte de Concepción rechazó recurso de alumno que fue expulsado

El fallo unánime de la Sexta Sala del tribunal de alzada sostiene que la sanción aplicada a un alumno del Liceo Enrique Molina Garmendia de esa ciudad, se ajusta a la normativa vigente.

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La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por la madre de alumno del Liceo Enrique Molina Garmendia, a quien se le canceló la matrícula en el marco de la ley Aula Segura, por haber participado en los desórdenes registrados en marcha estudiantil en abril pasado.

Además, del establecimiento, la acción judicial estaba dirigida contra la seremi de Educación del Biobío y el Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Concepción.

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada penquista –integrada por el ministro Juan Villa Sanhueza, el fiscal judicial Hernán Rodríguez Cuevas y el abogado (i) Gonzalo Cortez Matcovich– rechazó la acción judicial, tras establecer que la sanción se ajusta a la normativa vigente.

La normativa 21.128 establece el deber de los directores de iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar.

En el caso del recurrente, señala la resolución, “el director ejerció la facultad de disponer la medida cautelar de suspensión del alumno en favor de quien se recurre, con lo que cobra aplicación lo previsto en la citada ley en orden a que, en tal caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar”.

La sentencia también menciona que la normativa confiere a los directores “la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley”.