Gastos reservados: Indagan más de 100 viajes hechos por 39 generales (r) de Carabineros

En el cruce de datos aportados por la institución y las proveedoras del servicio, la investigación que lidera la fiscal Patricia Cerda estableció que en la mayoría de los periplos fueron hechos por los ex generales directores Eduardo Gordon y Bruno Villalobos.

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Un total de 106 viajes al extranjero, realizados por 39 generales (r) de Carabineros en compañía de sus cónyuges u otros familiares, reveló la indagatoria por fraude al fisco en la arista gastos reservados.

La denuncia fue hecha el año pasado por del coronel (r) Fernando Pérez, imputado en el caso del fraude al interior de la institución, lo que dio inicio a la investigación que lidera desde agosto de 2018 la fiscal Patricia Cerda.

En ella, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) constaron que los retirados miembros del alto mando de la institución usaron recursos de ese ítem para financiar comisiones de servicio fuera de Chile a las que llevaban a sus esposas o familiares, lo que no está permitido.

“Un total de 39 oficiales en retiro que, durante el período en el cual integraron el alto mando de Carabineros, fueron designados en comisión de servicio al extranjero, siendo estos acompañados por sus cónyuges o uno o más miembros de su familia”, precisa el reporte entregado por la PDI a la persecutora.

El cotejo de la información publicada por El Mercurio, mostró que los procederes más cuestionados en esta materia fueron los exgenerales directores de la policía uniformada, Eduardo Gordon y Bruno Villalobos.

En el caso de Gordon, realizó periplos a Rumania, Turquía, China, Argentina, Colombia, Francia, Italia, Jordania y Holanda, siempre acompañado por su esposa, en tanto que Villalobos “tuvo 21 comisiones de servicio al extranjero, de las cuales fue acompañado de su conviviente en 10 oportunidades”, de acuerdo al informe.

“Para indagar respecto de la modalidad de adquisición, compra y pago de los tickets aéreos, es necesario contar con la documentación contable tanto de Carabineros como de la empresa proveedora (…) con el fin de establecer la trazabilidad de los fondos fiscales ocupados en los cometidos funcionarios”, precisa el documento.