Venezuela: EEUU ahora impone sanciones al canciller Jorge Arreaza

La acción aplicada contra el jefe de la diplomacia del régimen chavista es parte de una serie de bloqueos que buscan la salida del poder de Nicolás Maduro.

1048

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso este viernes sanciones económicas al canciller venezolano, Jorge Arreaza, en el marco de su ofensiva contra el círculo del gobierno de Nicolás Maduro “incluyendo a aquellos encargados de conducir la diplomacia”.

“Estados Unidos no va a quedarse mirando como el ilegítimo régimen de Maduro priva al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia”, dijo el titular del Tesoro, Steven Mnuchin.

La decisión se suma una larga lista de bloqueos con los que el gobierno de Donald Trump intenta asfixiar al régimen chavista como el embargo petrolero entre otras:

FRENO AL FINANCIAMIENTO

El 24 de agosto de 2017 Trump emitió un decreto que “prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal” PDVSA, primera norma que afectó al país en su conjunto tras sanciones individuales.

Esto dificulta la renegociación de una deuda externa estimada en US$ 150.000 millones y prácticamente expulsó de los mercados financieros al país con la mayor reserva de crudo.

Asimismo, vetó las transacciones con bonos del sector público venezolano y los pagos de dividendos al gobierno de Maduro.

Venezuela y PDVSA fueron declaradas luego en default parcial por pagos atrasados de algunos títulos.

A fines de 2018 los bonos en default sumaban US$ 6.337 millones de dólares y los pagos atrasados 6.986 millones de dólares, según la consultora Ecoanalítica.

NO AL PETRO

El 19 de marzo de 2018 la Casa Blanca prohibió a los estadounidenses negociar con el petro, criptomoneda que había lanzado Maduro en febrero de ese año, por considerar que fue creada para eludir las sanciones. El activo digital no ha cuajado.

CUENTAS PENDIENTES

El 21 de mayo de 2018, tras la cuestionada reelección de Maduro, un nuevo decreto de Washington vetó todas las transacciones de deuda con entidades oficiales como PDVSA y el Banco Central, incluidos unos pagarés conocidos como “cuentas por cobrar”.

La orden ejecutiva proscribió la venta de acciones o participaciones en cualquier entidad en la que el gobierno venezolano poseyera 50% o más, como Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.

EMBARGO PETROLERO

El 28 de enero, Estados Unidos prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero. La medida empezará a regir el 28 de abril y supone el más duro golpe, pues el crudo financia 96% del presupuesto del país sudamericano.

Citgo puede continuar operando, pero sus ganancias pasarán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos, cuyo control Washington entregó al opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela. Maduro lo denuncia como un “robo”.

GOLPE AL COMERCIO DE ORO

Washington sancionó el 19 de marzo a la minera estatal Minerven por realizar operaciones de oro ilícitas que, argumenta, sostienen al líder socialista.

TURNO DE LOS BANCOS

El 22 de marzo Washington también sancionó al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y tres filiales en Venezuela; así como a Prodem, con sede en Bolivia, y a Bandes Uruguay.

Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, a la vez que prohíben toda transacción con individuos o entidades estadounidenses o en tránsito en el país.

BLOQUEO DE BARCOS Y NAVIERAS

El 12 de abril, Trump decretó como “propiedad bloqueada” a 34 embarcaciones de PDVSA y sancionó a dos compañías navieras por enviar crudo de Venezuela a Cuba.

BANCO CENTRAL SIN DÓLARES

El 17 de abril Estados Unidos vetó todas las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, lo que corta su acceso a dólares.

SANCIONES INDIVIDUALES

Además de las medidas para estrangular económicamente a Maduro, el Departamento del Tesoro ha aplicado sanciones contra 87 personas entre funcionarios, exfuncionarios y personas del entorno del mandatario; así como 44 entidades.

Las razones esgrimidas van desde violación de derechos humanos hasta corrupción y narcotráfico.