Magistrado Elgueta enfrenta formalización por delitos de corrupción

El magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua será imputado de los cargos de prevaricación y enriquecimiento ilícito por supuestos delitos en los que habría incurrido en el ejercicio de su rol. En tanto, la indagatoria administrativa lo indaga por tráfico de influencias.

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El Juzgado de Garantía de Rancagua es el escenario donde el suspendido ministro del tribunal de alzada de esa ciudad, Emilio Elgueta, enfrenta este viernes la formalización de cargos que le imputa el fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de esa jurisdicción, Sergio Moya.

La audiencia, que iba a comenzar a las 09:00 horas, se ha retrasó ya que la jueza a cargo de ella, Paz Reyes, pidió un receso mientras se analizaba su posible inhabilidad, luego que la defensa del cuestionado juez presentara una recusación contra ella, sosteniendo que no podía ver el caso por pertenecer a la masonería al igual que el acusado.

Una vez analizado el recurso, éste fue rechazado por extemporáneo en su presentación.

Esta instancia de imputación de cargos es la primera de este tipo en contra de un ministro de corte de apelaciones en la historia de la Reforma Procesal Penal chilena, quien es acusado de un escándalo mayúsculo por presunta corrupción.

En la instancia, la fiscalía de O’Higgins presentará las imputaciones por enriquecimiento ilícito y prevaricación, en tanto que la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi lo investiga administrativamente por tráfico de influencias.

LOS MOVIMIENTOS DE ELGUETA

Al magistrado en cuestión se le investiga por depósitos, cheques y transferencias en sus cinco cuentas bancarias, las que habrían coincidido tras contactos con abogados de la plaza y nombramientos de notarios y funcionarios judiciales.

La investigación del persecutor determinó que entre comienzos de 2016 y fines del año pasado, Elgueta realizó depósitos por un poco más de $19 millones, los que, según las primeras diligencias hechas por el Ministerio Público, no tendrían una justificación.

Pero el Ministerio Público no sólo indaga los depósitos realizados por el propio juez, sino que también las transferencias hechas por terceros.

En esas pesquisas ha detectado distintas transacciones “irregulares”, entre ellas un traspaso electrónico hecho por el juez de Garantía de Rancagua, Gianni Libretti, por $1 millón, 22 días después de jurar como magistrado.

Los movimientos financieros del magistrado que están en la mira de la fiscalía no coincidirían con sus declaraciones de patrimonio. Según la información pública del magistrado, contenida en Infoprobidad, Dicom y el Conservador de Bienes Raíces, este no registra inmuebles inscritos a su nombre y posee un automóvil: un Chevrolet Sail del año 2017.

Además, en la investigación del Ministerio Público se han detectado comunicaciones entre el ministro y abogados de causas tramitadas en las salas que él integró. Pero no solamente habló con juristas, sino que también con los representados de los litigantes e imputados.

Según los registros, hay al menos dos casos que darían cuenta de aquello. Uno apunta a los llamados que Elgueta tuvo con Víctor Beltrán, quien pedía ser sobreseído de una causa en la cual figuraba como imputado, en abril de 2018.

En la indagatoria del fiscal Moya se incluyen en calidad de imputados los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, también suspendidos.

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