Hasta con 3 años de cárcel proponen sancionar a quienes dañen el transporte público

Ese es el objetivo del proyecto de ley que busca imponer penas ejemplificadoras a las personas que destruyan o rayen tanto el metro como los buses del sistema Red y toda su estructura complementaria.

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“Una respuesta jurídica enfática” aspira a ser el proyecto de ley que sanciona con hasta tres años de cárcel a quienes ocasionen daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la estructura asociada a su funcionamiento de la Red Santiago.

La moción de los senadores Francisco Chahuán (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) busca que la destrucción o rayado tanto al Metro como a los buses no quede impune y termine con “cualquier problema que afecte su acceso y funcionamiento”, puesto que impacta negativamente en la población.

Es así como el articulado propone sancionar con penas que van desde los 541 días a los 3 años de presidio y una multa de $967.060 (20 UTM), para los atentados de mayor gravedad respecto de “los medios de traslado de pasajeros, particularmente los buses, sus elementos auxiliares o accesorios y los daños a la estructura asociada como paraderos, terminales, luminaria, elementos de las vías, cámaras u otras tecnologías, cuya destrucción perjudica la movilidad de las personas”, explicaron los senadores.

También añade que quienes rayen los carros o la estructura de éstos arriesgan penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de reclusión y a multas de $483.530 (10 UTM).

Serán sancionados por esto aquellos que “sin correspondiente autorización por medio de marcadores, tinta, pintura, materia orgánica o similar de cualquier tipo, procedieran a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo, sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses”.

Según los legisladores, “el daño a los buses o medios de transporte significa que al día siguiente estos no pueden operar con normalidad, lo que afecta directamente a los usuarios. El gasto de reparación y mantenimiento que las actuaciones antisociales, daños y vandalismo en buses e infraestructura asociada al transporte, es finalmente sufragado por todos los contribuyentes que son los perjudicados directamente (…)”.

El texto legal comenzará a ser analizado este miércoles 3 de abril en el seno de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.