Fuente-Alba acusa en el TC que ministra Rutherford atentó contra sus DDHH

La estrategia del exjefe del Ejército es probar que la magistrado vulneró sus garantías individuales al interrogarlo y extraer una confesión sobre la malversación de los gastos reservados sin la presencia de sus defensores, obligarlo no hacer uso del derecho de guardar silencio y no proporcionarle alimentos en las extensas declaraciones que dio.

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“Una transgresión a las garantías constitucionales mínimas del derecho a la tutela judicial efectiva en un debido proceso”, es el argumento central en el que la defensa del excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente Alba, basó el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional (TC).

Esta acción, según publica La Tercera PM, que es parte de la estrategia del abogado Maximiliano Murath, defensor del retirado oficial imputado de malversar $3.500 millones de pesos de la institución por la vía de gastos reservados, apunta a invalidar sus declaraciones formuladas ante la ministra en visita, Rommy Rutherford, en las que admite el uso de los recursos destinados para temas exclusivos de Denfensa.

En el escrito de 33 páginas el jurista hace referencia a la violación de garantías resguardadas en la Constitución y acusa que su representado, ha visto vulnerado sus derechos humanos en el proceso ante la justicia militar.

Por ello pide que se revise en el marco de la causa que sustancia la jueza Rutherford contra Fuente-Alba la constitucionalidad de la aplicación los artículos 205 y 352 del Código de Procedimiento Penal; los artículos 233 y 236 del Código Penal; y el artículo 2 de la Ley 19.863.

En concreto en lo relativo a una interpretación incorrecta de la amplitud con que se pueden usar los recursos destinados a inteligencia y otros menesteres que tienen carácter de secreto; y a una presunta denegación de tutela legal efectiva.

No es primera vez el ex jefe del Ejército intenta usar este subterfugio para dejar sin efecto testimonios como el que dio el mes pasado, donde reconoció el uso de los dineros y que motivó la presentación de un recurso de amparo en contra de Rutherford por presuntos malos tratos durante los interrogatorios del 13 y 14 de febrero.

Un ejemplo que da Murath es la ausencia de la defensa de la otrora máxima autoridad de la rama castrense en interrogatorios y careos, como ocurrió en la contrastación de versiones con Curt Juris Hald De la Torre, quien fue ayudante de la Comandancia en jefe y luego en el departamento de protocolo en el período de Fuente-Alba Poblete, momento en el que a éste último –acusa- se le impidió hacer uso de su derecho a guardar silencio.

También se apela a un dictamen de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos sobre tutela judicial efectiva, sosteniendo que se han pasado a llevar las garantías de cualquier persona al no contar con la compañía de su abogado defensor y con cosas mínimas con una taza de café y algo para comer durante las once horas que se prolongó uno de los interrogatorios.

En relación al amparo de éste, la magistrada señaló ante la justicia que “no es cierto que las indagatorias prestadas por éste ante el tribunal se hayan desarrollado de la forma cómo expone el actor en su libelo (…). Ha procedido a reconocer gran parte de los hechos por los cuales se le consultaron, y particularmente en relación con el destino dado a los gastos reservados”.

Finalmente, la justicia rechazó el recurso del oficial retirado que se daba una vida de lujos y en la que, dilapidó $3.500 con fines ajenos a la ley, para satisfacer una serie de lujos de carácter personal, $3.500 millones. Actualmente, el militar cumple prisión preventiva en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén.

En paralelo, el fiscal de Alta Complejidad, José Morales Opazo, lleva una causa contra el militar por lavado de activos.

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