Fiscalía investiga supuestos pagos millonarios que habría recibido Hermes Soto

La indagación se enmarca en la investigación por posibles sobresueldos con gastos reservados en Carabineros a cargo del Ministerio Público.

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La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando posibles pagos millonarios que habrían sido recibidos por el ex general director de Carabineros, Hermes Soto. Según, la investigación, el ex jefe de la institución habría aceptado un monto superior a los 5 millones de pesos anuales en los años 2015 y 2016.

Este hecho se enmarca en la indagación a cargo del Ministerio Público por posibles sobresueldos con gastos reservados en Carabineros.

De acuerdo a lo que informó AhoraNoticias de Mega, en enero de 2018 la fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI la revisión y análisis de 18 parámetros de búsqueda en los computadores incautados desde las dependencias de la Dirección de Finanzas de Carabineros y de la Dirección de Tecnologías de Información en las Comunicaciones (TIC) en mayo del 2017.

Según los documentos obtenidos, en 2015 y 2016 el jefe de zona Biobío -cargo que ocupaba Soto en ese entonces- recibió $450 mil mensuales, totalizando $5.400.000 al año. De acuerdo a los informado por Mega, el informe de la PDI detectó que en el archivo formato Word caratulado como “Sobres Reservados” y cuya hora de modificación figura el 15 de mayo del 2015, figuran los nombres y cargos de 41 generales activos en ese año, entre ellos Hermes Soto Isla, quien ocupó el cargo de jefe de zona Biobío hasta el 2017. Agrega que dicho documento “es concordante” con el archivo de Gastos Reservados 2016 y que “se infiere que la confección de sobres fue en base a la información existente en el listado de distribución, dándole certeza que este tipo de listados fueron utilizados en el periodo del general Echeverría para la distribución de estos recursos monetarios en dinero en efectivo”.

Soto asumió el cargo de general director de Carabineros en marzo de 2018 y fue removido en diciembre del año pasado, tras los cuestionamientos por la acción de la institución en el caso de la muerte del mapuche Camilo Catrillanca.