La encrucijada de Venezuela

Maduro seguramente no ponderó en sus cálculos algunos aspectos de relevancia. Primero, que la oposición iba a reaccionar articuladamente, haciendo valer la capacidad institucional de la Asamblea Legislativa y de su presidente, Juan Guaidó. Segundo, que la comunidad internacional, en un amplio espectro, tenía un registro acumulado de los hechos que comprobaban su accionar no democrático y que sería deslegitimado en su asunción por un nuevo periodo presidencial.

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. Edgardo Riveros, académico Facultad de Derecho, U.Central.

Es un hecho que en la dramática crisis venezolana, Nicolás Maduro y su entorno han priorizado la permanencia en el poder y para lograr dicho objetivo han recurrido a prácticas reñidas con la democracia, colocándolos al margen de la legitimidad que esta brinda para ejercer el poder. Han violado los DDHH, persiguiendo y encarcelando opositores, dejándolos al margen de la participación política. Esta es la fuente real de lo que hoy se observa en Venezuela y los acontecimientos precipitados.

El sucesor de Chávez vio comprometida su permanencia en el poder luego de las elecciones de la Asamblea Legislativa de 2016, cuyo resultado dio una amplia mayoría a la oposición. Su intranquilidad fue máxima porque se daban las condiciones para que se convocara una consulta revocatoria. Esto motivó las acciones de bloqueo de la posibilidad de tal referéndum agudizando las prácticas antidemocráticas y de persecución a sus adversarios, hasta llegar al punto culminante con la creación de facto -al margen de toda institucionalidad en el año 2017- de la Asamblea Constituyente, órgano al cual dotó de facultades propias de la Asamblea Legislativa. Maduro vio facilitado su accionar al contar con el compromiso de las Fuerzas Armadas y, además, con la complicidad de la institucionalidad electoral, el poder judicial y la justicia constitucional, órganos claramente controlados por el oficialismo.

Parte importante de la comunidad internacional reaccionó en aquel momento rechazando la medida que afectaba las atribuciones de la Asamblea Legislativa y, a la vez, deslegitimando una creación “de facto” como la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el gobernante venezolano hizo caso omiso de los rechazos y advertencias, señalando que ellas violaban el principio de no intervención. En su objetivo de permanencia en el poder, adelantó las elecciones presidenciales para mayo de 2018, las cuales se verificaron en condiciones tales que no admiten otro calificativo que el de fraudulentas. El proceso culmina el 10 de enero pasado cuando Maduro se proclama asumiendo un nuevo periodo presidencial, basado en lo ocurrido en mayo de 2018.

Esto explica la situación actual. Maduro seguramente no ponderó en sus cálculos algunos aspectos de relevancia. Primero, que la oposición iba a reaccionar articuladamente, haciendo valer la capacidad institucional de la Asamblea Legislativa y de su presidente, Juan Guaidó. Segundo, que la comunidad internacional, en un amplio espectro, tenía un registro acumulado de los hechos que comprobaban su accionar no democrático y que sería deslegitimado en su asunción por un nuevo periodo presidencial. Un análisis falso sería que se individualice como una operación desde EEUU, sin perjuicio del activismo de este país, la conducta de rechazo internacional. A Maduro y su equipo, en su propio desarrollo estratégico, le puede ser útil denunciar lo que está ocurriendo como una “operación yanqui”, pero sería un camino simplista e irreal, al no considerar la opinión de la variedad de países que han reaccionado, como por ejemplo, de la UE.

En todo caso, coherente con el rescate democrático de Venezuela, no todo accionar es válido. De partida, debiera haber un compromiso con la solución política, rechazando decididamente toda otra opción que implicara agudizar la violencia. Para cumplir este objetivo, se deben crear las condiciones para un diálogo y negociación creíble, transparente y eficaz. Este intento se ha efectuado anteriormente y ha fracasado, pero en las condiciones actuales el cerco se ha estrechado para impedir conductas tramposas y la comunidad internacional debiera estar disponible para facilitar ese diálogo, con los integrantes que los propios actores venezolanos convoquen. Objetivo central de dicha negociación debe ser la convocatoria a elecciones, transparentes, confiables y con efectiva observación internacional. El punto de construcción democrático obliga, por una parte, a utilizar medios idóneos no violentos en la movilización social y, por otra, las instituciones de orden y seguridad y las FFAA no deben utilizar sus capacidades para reprimir a sus compatriotas.

. Edgardo Riveros, académico Facultad de Derecho, U.Central.