Condenan a militares en retiro por secuestro de hombre en Pisagua

En el aspecto civil, el fallo condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $150 millones a los familiares de la víctima.

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El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a dos miembros del Ejército en retiro como autores del delito de secuestro de Manuel Sanhueza Mellado, cuyos restos fueron encontrados en una fosa común en Pisagua, en 1990.

El magistrado que ve causas de violaciones a los derechos humanos, sentenció al oficial (r) Luis Guillermo Carrera Bravo y al suboficial (r) Manuel Gregorio Caballero Villanueva a 541 días de presidio, como autores del delito.

En el caso del primero la condena se dio por cumplida con el mayor tiempo que permaneció en prisión preventiva; en tanto que al segundo se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena, con un plazo de observación de 540 días.

En la etapa de investigación el ministro Carroza logró establecer que la víctima fue detenida en su domicilio, que estaba ubicado en la población “Venceremos” de la ciudad de Arica, junto a su cónyuge Cecilia Linoska Rojas Orellana, por agentes de civil, uno de los cuales se habría identificado como Luis Carrera, aduciendo pertenecer al Servicio de Inteligencia Militar.

Posteriormente, el matrimonio fue trasladado en un jeep al Regimiento Rancagua de esa ciudad y en ese lugar fue separado. En esa misma fecha, se detiene a su suegro Orlando Rojas Vergara y a su cuñada Nieves Berta Rojas Orellana, quienes fueron acusados de ser comunistas, por lo que también son levados a la mencionada unidad militar.

El día 27 de julio de 1974, Sanhueza Mellado, su suegro Orlando Rojas y un tercer detenido son trasladados en un vehículo hasta el Campamento de Prisioneros de Guerra Pisagua. Sin embargo, al llegar a la localidad, los tres hombres son encerrados en calabozos diferentes del retén de Carabineros.

Fue allí, donde se perdió todo rastro de Sanhueza Mellado, hasta que en el mes de junio del año 1990 sus restos son encontrados en una fosa común clandestina cercana al cementerio de Pisagua, donde fue identificado y se determina que la causa de su muerte, según protocolo de autopsia N° 059/90, fue de “heridas a bala en el tórax”.

En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización total de $150.000.000 a los familiares de la víctima.