Piñera ratifica que Chile no suscribirá Pacto Migratorio de la ONU

Mandatario reiteró la tarde de este viernes que “nuestro Gobierno, tal como lo anunció el canciller decidió no adoptar el Pacto de Migraciones de Marrakech (se votará el 19 de diciembre en la Asamblea General de la ONU) y por razones profundas, porque contradice principios de nuestra propia política de migraciones y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y de los chilenos”.

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El Presidente Piñera, pasadas las 16 horas de este viernes, se refirió en La Moneda, por tercera vez en la semana, al Pacto Migratorio de Marrakech y ratificó que Chile no lo suscribirá. El acuerdo se votará el próximo 19 de diciembre en la Asamblea General de la ONU.

La decisión del Gobierno ha provocado polémica y gatilló que el martes pasado el canciller, Roberto Ampuero, fuera citado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

El Mandatario reiteró la postura de Chile que defiende una migración “segura, ordenada y regular”. Esto significa, reiteró, que el país “tiene una política de puertas abiertas para recibir y acoger a aquellos migrantes que van a Chile a iniciar una nueva y mejor vida, pero con la firme intención de respetar nuestras leyes, empezando por la ley de migración a incorporarse a nuestra sociedad y a aportar al desarrollo de nuestro país”.

Esto también significa -añadió- “que Chile tenga una política de puertas cerradas para evitar que ingresen a nuestro país aquellas personas o grupos que vienen a causarnos daño como, por ejemplo, banda de delincuentes, crimen organizado, bandas de narcotraficantes, grupo de trata de personas”.

“Creemos que todas las personas tienen derecho a salir de su propio país, pero con la misma fuerza que todo país tiene derecho a decidir cómo y bajo qué reglas ingresan a nuestro país los que quieran venir como migrantes. Este principio, a veces, coincide y, a vecesm entra en contradicción, y un presidente siempre tiene que privilegiar los intereses de Chile y de los chilenos”, remarcó.

Piñera puso de relieve que “los derechos humanos son universales y por lo tanto  deben ser respetados y protegidos para todos, incluyendo todo tipo de migrantes, regulares e irregulares en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia”.

Recordó que cuando asumieron el gobierno “había un desorden alarmante” en torno a la migración. “Cerca de 700 mil personas ingresaron a Chile como turistas, ciento de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas mafias de tráfico de personas (…)”.

“Al 11 de marzo de este año, habían en Chile más de 250 mil migrantes irregulares. Por esa razón una de las primeras emergencias y desafíos que asumió nuestro Gobierno fue poner orden en nuestra casa. De esta manera, logramos avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular”, indicó.

Destacó que el país está en proceso de contar con una nueva ley migratoria, cuyo proyecto está en el Congreso y que fue presentado durante su primer gobierno y que hoy está siendo enriquecido con indicaciones para ingreso de migrantes y el procedimiento administrativo.

El Mandatario reiteró que el país no está cerrando sus puertas, sino que quiere ordenar el ingreso de los migrantes a través de reglas claras.

“RAZONES PROFUNDAS”

El Presidente indicó que “nuestro Gobierno, tal como lo anunció el canciller decidió no adoptar el Pacto de Migraciones de Marrakech y por razones profundas, porque contradice principios de nuestra propia política de migraciones y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y de los chilenos”.

“Nuestra razón se fundó en tres razones fundamentales: el Pacto de Marrakech indudablemente incentiva la migración irregular al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los llamados inmigrantes vulnerables, al dificultar la detención de migrantes irregular y al otorgar acceso a pensiones a estos migrantes sin que cumplan con los requisitos de nuestro país; y al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados, y la distinción entre migrantes regulares e irregulares lo cual sin duda perjudica la situación de los refugiados que sufren persecuciones en sus países y la situación de migrantes regulares que ingresaron a nuestro país respetando nuestras leyes”, remarcó.

El acuerdo –añadió- “introduce nuevos deberes para los estados firmantes como por ejemplo el tener que revisar nuestra legislación, nuestras políticas públicas, nuestros actos administrativos y el tener que promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales o regionales”.

“Adicionalmente establece el crear condiciones para el desarrollo económico y social de aquellos migrantes que son expulsados de un determinado país, de tal forma que cuando hayan retornado a su país de origen el estado que los había recibido y expulsado tiene la obligación de preocuparse de su protección social, asistencia sicológica, y oportunidades de empleo en el país de origen (…)”, apuntó.

Piñera añadió que si bien el pacto “dice en su texto que no es vinculante es evidente que si un país, serio y responsable como Chile, suscribe ese pacto se compromete con su espíritu y con su contenido. De hecho, el Pacto de Marrakech utiliza 86 veces la palabra compromiso y 15 veces la palabra deber”.

CRÍTICAS

Respecto a las críticas realizadas por la oposición a la postura del Gobierno, el Mandatario sostuvo que “quisiera responderlas de manera directa y muy franca”. Recordó que algunos cuestionamientos han señalado que no suscribir este pacto “sería contraria a una política de Estado en materia de RREE”.

“Sin duda que en Chile hemos tenido una hermosa y larga tradición de políticas de Estado en las grandes materias de las relaciones internacionales. Chile sin duda ha tenido esta tradición y nuestro Gobierno valora, respeta y aplica esta tradición como lo hemos hecho en los casos de los juicios en la Corte Internacional de La Haya y que hemos consultado y hemos estado de acuerdo con los distintos sectores de nuestro país; como lo hemos hecho en materias como la mantención de la paz, la seguridad internacional, el respeto a las democracias y los derechos humanos; y como lo hemos hecho respecto a los grandes temas del derecho internacional como, por ejemplo, nuestro compromiso con el cambio climático y el calentamiento global (…)”, indicó.

Añadió “que la forma en que Chile norma o regula su política migratoria es un asunto de carácter esencialmente interno sin perjuicio de la colaboración internacional y no forma parte, en consecuencia, de una política de Estado. La mejor prueba de esto es que nosotros cuando estábamos en la oposición nunca fuimos consultados, siempre discrepamos, y en forma muy profunda, de la política de migración que aplicó el gobierno anterior que significó el ingreso a Chile de cientos de miles de inmigrantes irregulares y que sin duda esa situación fue conocida, promovida o tolerada por el gobierno anterior y que afectó profundamente los intereses de todos los chilenos”.

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