Cubillos afirma que en el año van 96 estudiantes detenidos y 500 ataques con molotov

La ministra de Educación entregó tales cifras en la Comisión de Educación del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto Aula Segura.

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En lo que va del año se han registrado 500 ataques con bombas molotov a Carabineros en incidentes protagonizados por estudiantes de liceos de Santiago y 96 alumnos han sido detenidos por el uso de estos elementos, según las cifras reveladas por la ministra Marcela Cubillos en la Comisión de Educación del Senado, al inicio de la tramitación del proyecto Aula Segura. 

Además, entregó datos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte: existen 223 causas vigentes por delitos asociados en cuatro colegios de la comuna de Santiago, de las cuales 22 son investigaciones por incendios y porte de armas como las descritas en la polémica iniciativa que busca facultar a los directores para expulsar a los alumnos involucrados en hechos de violencia.

En la primera sesión también se conoció el informe de mayoría de la Comisión de Constitución del Senado, que declaró que la iniciativa del Ejecutivo adolece de vicios de constitucionalidad. Además, se solicitó al Gobierno ajustarse a las urgencias legislativas, por lo cual la ministra Cubillos y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, anunciaron que el próximo martes se renovará la urgencia suma del proyecto.

Luego, la ministra realizó una detallada exposición de los alcances del proyecto del Ejecutivo que apunta específicamente a “hacernos cargo de una situación de violencia extrema, porte de armas, ataque con bombas molotov y actos de agresión, frente a los cuales los manuales de convivencia están sobrepasados”, según dijo Cubillos.

Sin embargo, los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana y Alejandro Guillier apuntaron a la necesidad de “abordar este tema de violencia escolar de manera más integral y no solo desde la perspectiva punitiva”. 

En su opinión, los hechos conocidos públicamente y de amplio impacto que atemorizan a comunidades completas “son un síntoma de situaciones más complejas y que no estamos viendo de la manera adecuada, más aún cuando la facultad de expulsar de los directores ya está contemplada en los reglamentos internos”.

Según el informe técnico del Ejecutivo sobre el proyecto y que apoyaron los senadores Ena von Baer y Rodrigo Galilea, la iniciativa se justifica, en el sentido que se requiere modificar la Ley de Subvención porque “son los establecimientos públicos -y no los privados-, donde los rectores encuentran casi con un verdadero procedimiento judicial para expulsar a los alumnos en casos de violencia extrema”.

Además, “se acortan los plazos y se permite que se suspenda al estudiante que haya incurrido en dichas conductas mientras dure el proceso”, evitando así “exponer a la comunidad escolar a tener que convivir con el alumno agresor al día siguiente que rocía con bencina a un docente”.

Asimismo, los senadores de la Comisión acordaron elaborar un listado de invitados entre los que se encuentran el ministro del Interior, penalistas, especialistas, rectores de los liceos afectados por casos de violencia y representantes de la comunidad escolar.

Asimismo, ante los emplazamientos de la oposición a abordar este proyecto de forma integral, la ministra de Educación aseveró que “acojo la invitación y valoro que este proyecto nos permita levantar el tema de la convivencia escolar en su conjunto y quizás de este debate surjan propuestas concretas para aplicar y financiar programas o tal vez patrocinar o fusionar mociones parlamentarias que estamos dispuestos a mirar con mayor amplitud”.

Sin embargo, dejó claro que “lo que no se puede pedir es resolver con este proyecto todo el problema vinculado a la violencia y la convivencia escolar”.