Caso Penta: Suprema rechazó queja del CDE y ratificó juicios abreviados

El 9 de julio pasado, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Carlos Lavín y Carlos Délano a 4 años de presidio por delitos tributarios, pena que se sustituyó por la libertad vigilada intensiva.

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La Segunda Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por su exclusión en el acuerdo entre los acusados del caso Penta y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para llegar a juicio abreviado. 

El recurso de queja fue presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 17 de julio pasado rechazó otro recurso similar del CDE contra el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que a su vez aceptó la exclusión de los querellantes en el acuerdo.

De esta manera, la Segunda Sala confirmó los juicios abreviados que condenaron a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sólo por delitos tributarios y no por soborno, como pretendían el CDE y la Fundación Ciudadano Inteligente como querellantes.

El fallo tiene las firmas de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemuller, Lamberto Cisternas y Manuel Valderrama, cuestionados por los fallos que concedieron las libertades condicionales a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

El 9 de julio pasado, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Lavín y Délano a la pena única de 4 años de presidio por delitos tributarios, pena que se sustituyó por la libertad vigilada intensiva durante el mismo período por tener ambos las atenuantes previstas en la ley.

El tribunal también los condenó a pagar una multa del 50% del perjuicio fiscal, es decir, cada uno deberá cancelar $850 millones, lo que debía concretarse en el plazo de 30 días después de ejecutoriada la sentencia. También deberán someterse a un programa intensivo de ética de empresas. 

En el mismo caso, el 11 de julio, el mismo tribunal condenó al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, en calidad de autor de delitos tributarios reiterados e incremento patrimonial relevante e injustificado, a la pena de libertad condicional de 2 años, más 4 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos y oficios públicos y el pago de multas.