Justicia descartó elevar exigencias para beneficiar a condenados por violar DDHH

Hernán Larraín, titular de la cartera, afirmó que “no hay una modificación pensada en esa materia en este minuto” y que son los jueces los que interpretan si se cumplen o no las exigencias de las normas para conceder libertad condicional.

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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que el Ejecutivo vaya a realizar gestiones destinadas a elevar las exigencias para conceder beneficios carcelarios a los condenados por violaciones a los derechos humanos. 

Esto, luego que la Corte Suprema decidiera otorgar la libertad condicional a siete exagentes de la dictadura apresados en Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, es la Comisión de Libertad Condicional la primera instancia encargada de analizar los informes de Gendarmería sobre conducta y evaluación sicológica, exigencia que solo está estipulada en un reglamento penitenciario y no por ley.

Precisamente es este último punto el que más polvareda ha levantado, luego que el matutino diera a conocer el contenido de los informes de los siete reclusos liberados. 

En estos se detalla que ninguno de los liberados se siente arrepentido o tiene conciencia del delito por el que estuvo detenido. A pesar de ello, el máximo tribunal del país determinó desechar esos argumentos, ordenando su excarcelación.

Al ser consultado sobre el despacho de un proyecto de ley o decreto para elevar las exigencias al momento de conceder beneficios carcelarios a presos por delitos de lesa humanidad, el ministro Larraín sostuvo que “no hay una modificación pensada en esa materia en este minuto. (De existir futuras solicitudes) se tramitan en conformidad a estas normas y los jueces interpretan si se cumplen o no las exigencias de las normas”.

En sus palabras, “la Comisión de Libertad Condicional es la primera instancia, es la que fija la normalidad de los casos, respecto de los cuales puede haber reclamos, pero es la que fija las reglas del juego”.

El secretario de Estado concluyó que el sistema funciona “normalmente” hace años y que “establece los requisitos que finalmente una comisión aprueba, y hay sobre eso derechos para recurrir a los tribunales. Y son los tribunales quienes tienen la última palabra respecto de si se cumplieron o no las exigencias de la ley y del reglamento”.