Piden extradición de militar en retiro detenido en Argentina por caso de DDHH

El exuniformado fue condenado a 10 años y un día de presidio en la causa por homicidio calificado de Absolón Wegner Millar y Rigoberto Achú Liendo, ocurrido el 13 de diciembre de 1973 en San Felipe.

250

El ministro en visita extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, despachó una solicitud de extradición a la Corte Suprema para traer al país al coronel en retiro del Ejército Sergio Jara Arancibia, detenido el fin de semana en Mar del Plata, Argentina. 

El exuniformado fue condenado a 10 años y un día de presidio en la causa por homicidio calificado de Absolón Wegner Millar y Rigoberto Achú Liendo, ocurrido el 13 de diciembre de 1973 en San Felipe. 

Según señala el fallo, las víctimas, “mientras permanecían detenidos en la cárcel de San Felipe, fueron requeridos por personal militar perteneciente al Regimiento de Infantería Nº3 Yungay, para ser llevados a la Fiscalía Militar. Al regresar de dichas dependencias y en circunstancias en que se desplazaban por calle Molina, a pocos metros de la entrada de la cárcel, los efectivos militares dispararon una ráfaga de metralleta en contra de las víctimas, produciéndoles la muerte a causa de las mortales heridas que recibieron en los pulmones y el corazón”.

Según informó el Ministerio de Seguridad trasandino tras la captura de Jara, la detención se produjo gracias a un trabajo de inteligencia en conjunto con las autoridades policiales chilenas, consistente en el seguimiento a un hijo del exoficial en Buenos Aires, Salta, Jujuy y Mar del Plata.

En esta causa también está sentenciado el general (R) Héctor Orozco Sepúlveda, quien ingresó a cumplir la pena el año pasado al penal de Punta Peuco, con 91 años de edad y grave deterioro mental, según señaló su hermano, el doctor René Orozco.

La investigación llevada por el ministro Arancibia estableció que Orozco estaba a cargo de la patrulla del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, que el día de los hechos sacó de la cárcel local a las víctimas, dirigentes de los partidos Socialista y Comunista, acusados de mantener armas escondidas. Ambos fueron acribillados en la vía pública y, según el fallo, Orozco dio la orden.

Al notificar el cúmplase, el ministro Arancibia dispuso que Orozco ingrese a Punta Peuco, en tanto que los otros cuatro condenados debían hacerlo a Colina 1, pero Jara se fugó.