Caso Corpesca: El 30 de julio se inicia preparación de juicio oral contra Orpis

La fiscalía pedirá 21 años de cárcel por los delitos por soborno, cohecho y delitos tributarios para el legislador a quien la empresa le financió su campaña política.

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Para el 30 de julio se fijó la audiencia de preparación de juicio oral en el caso Corpesca, donde los principales acusados son el ex senador Jaime Orpis y la propia empresa.

Los ilícitos imputados son cohecho, soborno y delitos tributarios, en el marco del financiamiento ilegal de la política.

La fecha se dio a conocer al término de una audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la que se determinaron los antecedentes que serán puestos a disposición de las defensas, precisamente con vista a la preparación del juicio oral.

En la acusación presentada en mayo por fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a cargo del caso, imputan a Corpesca S.A. el delito de sobornos a Orpis y a la ex diputada Marta Isasi.

En la acusación, los fiscales pidieron para la empresa una pena de multa de 20.000 UTM, unos $947 millones, y 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

A la empresa se le imputa que a través de su gerente general, Francisco Mujica, financió la campaña política del entonces senador Orpis y de la ex diputada Isasi, “al margen del régimen legal de financiamiento”.

En la formulación de cargos también se sostiene que Orpis recibió una serie de instrucciones, vía correo electrónico, así como también documentos o materiales que luego fueron reproducidos por este en sus intervenciones, durante la tramitación de diversos proyectos de Ley de Pesca.

Por lo mismo, el ex legislador está acusado por tres delitos reiterados y consumados. El primero, de fraude al fisco, por el cual se pide una pena de 12 años de presidio, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa del 50% del perjuicio.

El segundo, por cohecho, por el cual se solicita una pena de 6 años, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa por el beneficio solicitado.

Y el tercero, por delitos tributarios, por el que se piden 3 años y un día y una multa de 40 unidades tributarias mensuales. En sus alegatos la defensa ha insistido en la inocencia de su representado.

Es decir, se solicita una pena total de 21 años y un día para Orpis y la defraudación fiscal alcanzaría a más de $307 millones.