Acuerdo por la Infancia

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  • Por Marcelo Sánchez
    Fundación San Carlos de Maipo

Recientemente se han difundido las medidas propuestas para avanzar en el Acuerdo por la Infancia. Es un esfuerzo altamente valorable, que se ha preocupado de abrir un espacio transversal, tanto desde el punto de vista político como también de convocar a miembros de la Sociedad Civil. El siguiente paso es transformar dicho acuerdo en un plan de acción que contemple plazos, financiamiento y responsables, además de traducir a proyectos de Ley aquellas materias que requieren de la creación o modificación de cuerpos normativos, como puede ser el proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Infancia, la ley de Adopciones, la Ley de tribunales de familia y los proyectos que crean los nuevos servicios de protección y de reinserción juvenil.

El documento conocido tiene el mérito de abordar distintos ámbitos desde la prevención hasta la protección especializada. Asimismo, es notable el énfasis territorial haciéndose cargo de una debilidad manifiesta en los proyectos de Ley presentados para construir la institucionalidad de infancia. En ese sentido cobra relevancia el rol de las agencias locales y la posibilidad de contar con un gestor de casos, modificando sustancialmente el rol de las OPD a fin de que aporten desde un rol articulador, preventivo y de seguimiento.

En materia de protección, aunque es valorable el reconocimiento a la necesidad de una defensa jurídica de mayor cobertura, no basta con ampliar los PRJ o el programa del ministerio: se requiere que la defensa sea de calidad, autónoma e independiente y cuente con recursos para peritajes. También apunta adecuadamente el rediseño de los programas ambulatorios de Sename, mejorando focalización y evitando la sobre intervención, siendo pertinente que se evalúe la calidad y se avance con una batería de programas en base a la evidencia.

En este sentido, aunque las Familias de Acogida se reconocen como un sistema alternativo válido al sistema residencial se requiere evaluar y reformular sus componentes, a fin de que cumpla adecuadamente los objetivos. Hay consenso en la necesidad de potenciar la reunificación familiar, es necesario monitorear que los niños privados de cuidados parentales cuenten con modelos adecuados para propiciarla. Asimismo, es destacable la prioridad en materia de salud mental, se requiere junto a garantizar en tratamiento promover en el territorio la prevención reduciendo factores de riesgo y creando factores protectores.

En cuanto a la reinserción social de niños y jóvenes es un buen camino fortalecer la oferta para quienes se inician en carreras delictivas siendo inimputables y desde luego se requiere avanzar en una propuesta concreta en la materia, mirando la evidencia internacional.

Con todo, el Acuerdo logra hacerse cargo de la realidad que afecta a la infancia con especial foco en la más vulnerable, que requiere la implementación de un sistema de alerta sustentado en la prevención temprana como también un modelo de protección y tratamiento efectivos, descentralizados, lo que resulta clave a la hora de trabajar en contextos de profunda exclusión social, como es el día a día de uno de cada 4 niños en nuestro País.

 

 

 

  • Por Marcelo Sánchez
    Fundación San Carlos de Maipo