Sumándose a las distintas movilizaciones sociales para visibilizar el abuso contra las mujeres al interior de planteles educacionales, un grupo de senadoras presentó un proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico y que cuenta con apoyo transversal entre las distintas bancadas.

La iniciativa -comenzada por la Red de Investigadoras y que cuenta con el respaldo de las senadoras Ximena Órdenes, Isabel Allende, Yasna Provoste, Ena Von Baer, así como del Presidente del Senado, Carlos Montes- busca regular y sancionar la vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quien es víctimas de abusos al interior de los distintos planteles educacionales.

A juicio de la senadora Ximena Órdenes, “es deber de todas las instituciones de educación, de todos los niveles formativos, el adoptar activamente aquellas medidas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia contra las mujeres, debiendo promover el buen trato y relaciones igualitarias de género”.

“Este proyecto cobra importancia en estos días porque las mujeres, las estudiantes, las académicas de Chile, han salido a la calle y se han tomado los distintos planteles universitarios y secundarios en demanda de mayor respeto, de mayor dignidad, y para poner fin a los abusos que se han producido a lo largo de nuestra historia en el marco de las relaciones académicas: necesitamos dar obligatoriedad a un protocolo que combata el abuso y que este sea requisito para la obtención de la acreditación de un plantel”, agregó la senadora de Aysén.

A su vez, la senadora Isabel Allende dijo que el proyecto busca “establecer un modelo de prevención para el acoso sexual, donde cada institución de educación superior deberá contar con éste, para establecer procedimientos claros, con medidas protectoras a la víctima, contando con un el apoyo psicológico y jurídico suficiente”.

“Lo que innova la propuesta, es que el establecimiento de dicho protocolo es obligatorio para contar con la acreditación de la institución”, agregó Allende.

Otras de las características del proyecto presentado por las parlamentarias es que busca poner fin a un vacío legal que existe actualmente, definiendo políticas, normas y protocolos para abordar los casos de abuso; asegurar mecanismo de denuncia; establecer una estructura al interior de cada plantel y nombrar un encargado dentro del mismo estamento universitario y académico, con las respectivas sanciones administrativas.

Asimismo, se busca exigir procedimientos con protección a las víctimas e instituir la figura de la separación inmediata de funciones de las personas que están involucradas en una denuncia, así como establecer sanciones claras, como la disminución de los sueldos o multas; no poder acceder a fondos públicos e, incluso, llegando a la remoción o destitución del funcionario que ha incurrido en estos hechos.