Gobierno rechaza “descriterio y falta de respeto” del diputado Urrutia

Visiblemente incómodos con la situación los ministros Hernán Larraín, Gonzalo Blumel y Cecilia Pérez, salieron al paso de los dichos del legislador de la UDI y los condenaron enérgicamente.

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“Este Gobierno discrepa profundamente, en el fondo y en la forma, con las declaraciones del diputado (Ignacio) Urrutia. Ha reflejado un descriterio y una falta de respeto”, sentenció este jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

La autoridad condenó así los dichos del legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien calificó de “terroristas” a los ex presos políticos que buscaba beneficiar con una compensación económica el proyecto de ley que esta jornada fue retirado antes de someterlo a votación en la Cámara Baja.

El secretario de Estado subrayó que con sus expresiones el legislador “ha reflejado un descriterio y una falta de respeto. Por eso, nuestro más profundo rechazo al descriterio que, una vez más, ha tenido el diputado Urrutia”.

Por su parte el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel calificó de “crueles”  las declaraciones del parlametario gremialista, las que incluso le valieron ser increpado por su par en el hemiciclo, Pamela Jiles.

A su turno y en otro punto de prensa, la vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, recalcó que “todos los actores políticos, de todos los sectores políticos, tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje. El respeto es el camino en democracia y el respeto debe ser para todos y con todos”.

Con respecto al retiro del proyecto de reparación económica para los afectados de la dictadura militar, el ministro Larraín señaló que el motivo tiene relación con que financiamiento no estaba contemplado en el presupuesto.

“Los diputados saben de nuestra voluntad de seguir trabajando en este proyecto, pero -por ahora- no se puede por un tema de financiamiento. Tendremos que ver cuándo y cómo lo hacemos, para no generar falsas expectativas”, dijo.

Este argumento fue reafirmado por la ministra, quien indicó que el articulado fue enviado al Congreso por la anterior administración a sólo 5 días de finalizar su periodo.

Dicho monto asciende es de aproximadamente $90 mil millones, “recursos que no fueron considerados en la ley de Presupuesto y, por lo tanto, no tienen vías de financiamiento. Como Gobierno siempre hemos sido muy rigurosos en señalar que nuestro compromiso férreo en la defensa de los derechos humanos es permanente y va a seguir siéndolo”.

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