Violentos ataques homofóbicos en La Moneda: Movilh pide investigar amenazas

El presidente de la entidad sostuvo que se debe "resguardar la integridad psicológica del denunciante, algo que de acuerdo a la información conocida no estaría ocurriendo en este caso".

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy “su máxima preocupación” por una denuncia de supuesta homofobia laboral al interior de La Moneda, publicada este miércoles en El Mostrador.

De acuerdo a esta información, el afectado es el gestor de facturas en la Unidad de Compras del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Lucero, a quien en noviembre pasado “le enterraron un cuchillo en la mesa con una advertencia: Muerte al fleto Lucero”.

Con anterioridad, según la publicación de El Mostrador, “le pusieron papeles con excrementos en su mochila. Ha recibido cartas que dicen que lo ‘quieren muerto”.

Al respecto, el presidente del Movilh, Óscar Rementería, declaró que el ministerio “debe aclarar en breve si efectivamente está brindando o no apoyo emocional al trabajador y si lo tiene alejado de quien identifica como responsable de los abusos”.

“Frente a hechos de esta naturaleza, y al margen de cuál sea el resultado de todo sumario o investigación, lo que corresponde es resguardar la integridad psicológica del denunciante, algo que de acuerdo a la información conocida no estaría ocurriendo en este caso”, enfatizó Rementería.

Añadió que “hoy mismo enviaremos una misiva a la Presidenta Michelle Bachelet para que encomiende una investigación rigurosa sobre este caso, al tanto que solicitaremos al ministro secretario general de Presidencia, Gabriel de la Fuente, que mientras se aclaren estos hechos, se aleje al supuesto victimario de la víctima. Es lo mínimo que se puede hacer para contener y prevenir. La sensación de impunidad produce un doble daño en quienes padecen homofobia”.

Junto con valorar que el INDH esté interviniendo en este caso y expresar su solidaridad al afectado, Rementería puntualizó que “al margen de cualquier sumario, las autoridades gubernamentales tienen el deber de adoptar medidas de prevención inmediatas. Así lo exige la Ley Zamudio y el mismo compromiso que el Estado firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.