El complejo escenario judicial para los comuneros mapuche en huelga de hambre

Este viernes el tribunal de Temuco decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los cuatro comuneros en huelga de hambre.

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Este viernes se cumplieron 115 días desde que Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol, iniciaron una huelga de hambre para pedir se retire la querella por Ley Antiterrorista que se interpuso en su contra, luego de que fueran imputados por la quema de un templo evangélico en Padre Las Casas en junio de 2016.

Además de que no se les juzgue por Ley Antiterrorista, los cuatro comuneros que llevan más de un año en prisión preventiva, piden que se les cambie la medida cautelar por arresto domiciliario y que se acelere el inicio del juicio en su contra.

Ante el delicado estado de salud de los huelguistas, el ministro de Interior, Mario Fernández, pidió este miércoles que se reemplace la medida cautelar por una que resguarde la integridad física de los imputados, pero esta mañana el tribunal de Temuco decidió mantener la prisión preventiva.

De esta manera el escenario se complica tomando en cuenta que los comuneros han manifestado su deseo de llegar hasta la última instancia con la huelga, porque según explica María Fernanda Juppet, directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, es muy difícil que se revierta este tipo de cautelar.

“Ellos siempre pueden pedir a los tribunales superiores que se deje sin efecto la medida, el tema es que es tan excepcional que se decrete prisión preventiva, que es muy difícil que se revierta por la corte. Porque tienen que tener indicios más que suficientes para poder privar de libertad a una persona, esa es una de las características del sistema procesal penal”, explicó.

Sobre la petición de retirar la querella por Ley Antiterrorista, la experta explica que también es complejo, ya que “se aplica en casos de terrorismo y eso implica cualquier tipo de daño que se genera a personas, que busque generar pánico“.

“Entonces, al final del día, cuando le prendes fuego a una iglesia con gente adentro, es un acto terrorista. El tribunal va a tener que determinar si lo que buscaban era la generación de pánico, pero es una ley que tienen que tomar en consideración a la hora de fallar. Por las características de los hechos, tienen que tenerla arriba de la mesa”, agregó la experta.

Respecto de la petición del gobierno de reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva, Juppet explicó que “hay un tema que se llama separación de poderes del Estado. El gobierno no puede decirle a los tribunales ni a los entes persecutores sobre qué medidas tomar (…) no tienen atribuciones para hacerlo. Incluso los tribunales lo pueden considerar como una presión indebida, porque tú no le dices al tribunal cómo fallar”.

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