Decanos de ues privadas abordan polémica modificación a campos clínicos impulsada por el Minsal

El Gobierno de Michelle Bachelet ha trabajado desde 2014 en la nueva regulación que asigna los campos clínicos, es decir, hospitales y consultorios en que los alumnos del área de la salud reciben parte de su formación.

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Decanos de distintas universidades del país protagonizaron este miércoles el debate “Modificación a la asignación de campos clínicos: una barrera para la formación de profesionales de la salud”, que tenía por objetivo discutir sobre la nueva norma de asignación de campos clínicos del Ministerio de Salud.

El Gobierno de Michelle Bachelet ha trabajado desde 2014 en la nueva regulación que asigna los campos clínicos, es decir, hospitales y consultorios en que los alumnos del área de la salud reciben parte de su formación.

La iniciativa de gobierno buscaría erradicar la transacción económica, ya que actualmente se permite que en algunos convenios entre universidades y hospitales las retribuciones financieras sean sobre un valor por alumno.

Pero la norma ha recibido críticas sobre todo por parte de instituciones privadas, ya que con los cambios que pretende hacer el Minsal se aplicaría una tabla de criterios para otorgar ponderaciones a cada una de las casas de estudios, tanto privadas como públicas, y en base a eso se designarían los espacios y cupos para la realización de la práctica profesional.

Uno de esos criterios sería la adscripción a la gratuidad, lo que dejaría en desmedro a los planteles que no participan en esa política, ya que ese criterio otorga 100 puntos, es decir, el 10% del total.

El Decano de Medicina de la Universidad de Valparaíso y Presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), Antonio Orellana, señaló a La Nación que uno de los principales problemas de la norma es que “no ha habido un estudio en conjunto con los actores más fundamentales de este problema, que son el Minsal, las universidades, el Colegio Médico y la Asociación de Especialidades Médicas, quienes son los que pueden decir cuáles son las necesidades y la mejor manera de enfrentar este problema”.

Orellana explicó que otra de las críticas de Asofamech, es que “la intención que hubo en un comienzo de ‘sacar el billete’ de este convenio, no se ve reflejada en la última propuesta del Minsal. Esto porque hay una solicitud encubierta. Por ejemplo, se te pide que en el ámbito de la retribución, lo hagas con construcción de sitios para docencia. O sea, construirle un edificio al hospital para que haga docencia y te dan puntaje por metro cuadrado construido. O sea plata encubierta”.

Por su parte, Pedro García, ex Ministro de Salud de Ricardo Lagos y Decano de la Universidad Santo Tomás, explicó a La Nación que valora la norma, ya que “si se hacen bien las cosas debiera haber espacio para todos y para en definitiva poder satisfacer las necesidades crecientes de los servicios de salud de tener más profesionales y técnicos”.

Sin embargo, calificó como una “torpeza” el criterio de la gratuidad: “Aquí se requieren más profesionales y estos profesionales los va a producir la academia tanto pública como privada. Con lucro o sin lucro, poco importa. Lo importante es que todos esos profesionales que están saliendo tengan una formación integral y acorde a los intereses de las personas”.

Por último, el Decano de Ciencias de la Universidad Mayor y ex Ministro de Salud, Juan Giaconi, valoró la búsqueda de que el principal estándar sea la calidad, pero señaló a La Nación que “la calidad se consigue por métodos muy conocidos, como la PSU que se exige o los años de acreditación. Eso es lo que garantiza más o menos calidad en la formación del estudiante. Eso se está cumpliendo ya que hoy el Ministerio beneficia más a las escuelas que tienen 6 años de acreditación que si tienen menos por ejemplo”.