Sename II y Responsabilidad Civil del Estado

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*Por Eugenio Vásquez C.

Ser responsable, en el lenguaje jurídico, no es sinónimo de una calificación positiva hacia una persona, no es una alabanza, sino muy por el contrario, implica que la actuación de un sujeto ha causado daño a otro, y por tanto éste debe repararlo, generalmente dando una suma de dinero, lo que se conoce comúnmente como indemnización de perjuicios.

En este sentido, pueden causar daños a otros tanto las personas naturales como las jurídicas, comprendiendo en este último caso al Estado de Chile, a través de sus distintos órganos, autoridades y funcionarios. En este orden de cosas, el motivo principal y general por el cual el Estado de Chile es responsable frente a los daños que causa a los particulares es por su “falta de servicio”, entendiendo por tal según la Corte Suprema toda“deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación con lo que debería haber sido su comportamiento normal y que de ello se siga daño, lo que puede ocurrir cuando el servicio no funcionó debiendo hacerlo, cuando el servicio funcionó irregularmente y cuando el servicio funcionó tardíamente y de la demora se han seguido perjuicios”.

La imputación por falta de servicio al Estado de Chile es completamente aplicable en cuanto al daño causado a las familias de los más de 1.300 menores fallecidos en programas del SENAME, y de tantos otros niños, cuyo número no sabemos con claridad, que han resultado con lesiones y daños psicológicos, y de quienes nadie se ha hecho cargo, todavía.

El informe conocido como SENAME II, en el capítulo referido a las conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión Especial Investigadora, permite concluir al lector con total claridad que hubo graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en contra de los niños, niñas y adolescentes, causados por el Estado de Chile; que existe una abundante legislación general y específica que mandata al Estado a proteger a los niños vulnerables y que ésta no se observó en lo absoluto, no solamente por el Ministerio de Justicia y de los Directores y personal del SENAME, sino que también por otros ministerios y organismos relacionados directa o indirectamente con la protección de menores vulnerables.

Los familiares directos de estos niños están legitimados para demandar una reparación dineraria al Estado de Chile, por el daño moral que han padecido por su muerte derivada de la “falta de servicio” señalada precedentemente, pero hay que tener presente que estos demandantes deben acreditar ante un juez,entre otras cosas, que realmente la muerte les ha causado un sufrimiento. Alegar simplemente ser padre o madre de estos niños no es motivo legal suficiente para que se condene al Estado a pagarles una suma de dinero. La muerte por sí misma no es motivo de procedencia de indemnización de perjuicios por daño moral.

Así las cosas, si respecto a estos niños su padre o madre estuvo “ausente” en su crianza, esto es, fue demandado reiteradamente por incumplimientos de pago de alimentos en su favor, abandonó el hogar y de desatendió de su crianza, no se ocupaba de su educación, hubo episodios de violencia o maltrato físico y/o psicológico en su contra, etc., no puede pretender del Estado una reparación por la muerte de su hijo por el dolor que le ha causado su fallecimiento. No puede haber dolor en este caso sin demostrar un real apego.

En todo orden de cosas, muchos daños pueden ser evitados, o al menos mitigados si las personas, y en especial hoy el Estado, observan el debido cuidado en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones; siendo prudentes, cuidadosos y celosos el Estado podía dar seguridad a un niño vulnerable, seguridad que finalmente no encontraron ni en su familia ni del Estado-protector, por su culpa.

 

*Eugenio Vásquez Cunsolo es Abogado y secretario académico de la Facultad de Derecho, Universidad Andrés Bello Viña del Mar.