Avanza proyecto que regula entrevistas videograbadas a niños víctimas de delitos sexuales

Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el costo de la iniciativa que pretende evitar la revictimización de los menores de edad para que no tengan que dar varias veces su testimonio ante las diversas instancias de la investigación y posterior juicio. De esta forma serán $168 millones para la contratación de personal y $149 millones para bienes y consumo. En el caso de tribunales serán $800 millones de inversión.

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Amplio respaldo concitó para su despacho en la comisión Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que regula las entrevistas videograbadas para menores víctimas de delitos, principalmente de carácter sexual.

No obstante, reconoció que la discusión no fue sencilla porque fue necesario conciliar distintos derechos, visión que fue distinguida durante el tratamiento de la normativa por el Ejecutivo.

De hecho, en la pasada sesión de la Comisión de Hacienda, el jefe de la División Jurídica del ministerio de Justicia, Ignacio Castillo, observó que el articulado considera el tratamiento de un tema complejo que implica compatibilizar el interés superior del niño, dar eficiencia al sistema, para determinar responsabilidades, y resguardar el derecho del imputado.

En todo caso, dijo que mantienen algunos reparos con la priorización que ha hecho el Gobierno para la implementación del sistema, ya que se dejó para el final regiones que presentan una mayor recurrencia de casos, dado su mayor población.

SISTEMA DE ENTREVISTAS

  1. La primera, denominada investigativa, será hecha por personas entrenadas y certificadas por el ministerio de Justicia. Se desarrollará en una Sala especialmente adecuada, con circuito de cámara, sin vidrios, con una sala adyacente donde puede estar el fiscal, pudiendo formular preguntas por intermedio del entrevistador.
  2. La segunda será en sede judicial. En este caso el menor estará en una sala contigua al tribunal, con un perito entrevistador, el cual le transmitirá las preguntas al menor, proveniente de los intervinientes en el proceso, en un contexto más acogedor para el menor.

La implementación contempla un costo de 168 millones de pesos para la contratación de personal y 149 millones de pesos para bienes y consumo. Para la instalación de las salas, tanto en el Ministerio Público como en tribunales, se contempla la suma de 880 millones de pesos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

El proyecto, que ya cuenta con informe favorable de la Comisión de Constitución, donde se promovieron perfeccionamientos al texto aprobado por el Senado, efectivamente contempla una entrada en vigencia gradual, cuya primera etapa será a los seis meses después de publicada la ley y comprenderá las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, El Maule, Aysén y Magallanes.

La segunda etapa considera una entrada en vigencia a los 18 meses después de publicada la ley. Comprenderá las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Finalmente, será aplicable a los 30 meses de publicada la ley, incluirá a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

Sin perjuicio de lo recién indicado, para los efectos de la implementación del sistema, la formación de los entrevistadores que habrán de disponer la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, y la construcción de salas de toma de entrevistas investigativas y de declaración judicial, como también para dar inicio al proceso de acreditación, la ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación.