Homenajean a fiscal impulsor de casos contra represores en dictadura argentina

La Universidad Nacional de La Plata nombró "doctor honoris causa" al fallecido fiscal Hugo Cañón, quien instruyó como procurador numerosas causas contra represores de la época 1976-1983.

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La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) nombró hoy doctor honoris causa al fallecido fiscal Hugo Cañón, quien instruyó como procurador numerosas causas contra represores de la última dictadura cívico-militar del país austral (1976-1983).

Según un comunicado de la institución educativa, en la ceremonia estuvo presente el exjuez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre del fiscal desaparecido en enero del año pasado y quien expresó que Cañón fue “un ejemplo de entrega al servicio público” y un firme defensor de los derechos humanos.

“Sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la verdad y la justicia”, recordó el magistrado sobre el fiscal, a quien tomó declaración cuando investigaba los crímenes cometidos por los regímenes militares suramericanos.

Cañón declaró en 1999 como testigo ante Garzón por su trabajo al frente de la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca para conseguir la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que cerraron los procesos contra militares en Argentina.

Los fiscales de Bahía Blanca habían abierto en 1986 numerosas causas por crímenes de lesa humanidad, juicios que hasta entonces correspondían a la Justicia militar, y siguieron con ellos pese a la promulgación ese mismo año de la Ley de Punto Final por el Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989).

Además, en 1989, el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) aprobó una amnistía para todos los procesados con causas en trámite en ese momento y Cañón se convirtió en uno de los dos únicos fiscales del país que se negaron a cumplir la orden de detener los procesos.

Cuando la Fiscalía General del país le instó a acatar el decreto, Cañón contestó que “entre cumplir la Constitución y la Ley o aceptar una orden ilegal” elegía lo primero.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas por el Congreso argentino en 2003 y la Corte Suprema del país ratificó su inconstitucionalidad dos años más tarde.

“El organismo que hoy me toca conducir le debe mucho a la incansable actividad que desarrolló Hugo Cañón en su calidad de fiscal. En especial, al haber dado continuidad, en épocas políticamente complicadas y complejas, a las investigaciones judiciales que involucraban a quienes habían cometido o participado en crímenes de lesa humanidad“, dijo hoy la fiscal general argentina, Alejandra Gils Carbó.

La procuradora, que no pudo asistir al acto, envió una carta a la universidad en la que valoró el legado del ex fiscal general de Bahía Blanca en la lucha por los derechos humanos.